El cobro ilegal de 300 córdobas por la cédula de identidad continuó ayer, igual que la entrega gratuita que hace el Consejo Supremo Electoral (CSE) a funcionarios del Estado y personas afines al gobierno de Daniel Ortega.
Pero el diputado Enrique Sáenz, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo que van a presentar una iniciativa de ley, cuando se reanuden las sesiones del parlamento la próxima semana, para frenar el abuso del CSE.
Sáenz hizo un llamado a los ciudadanos a que protesten contra el cobro de 300 córdobas, porque les están negando su derecho a la identidad.
El diputado propuso organizar protestas en cada municipio, en cada departamento y a nivel nacional. “Lo que estamos haciendo es un llamado a la población para que resista, a que defienda su derecho; los diputados tenemos una obligación, pero la gente tiene que ejercer su derecho”, explicó.
La diputada Mónica Baltodano, del Movimiento de Rescate del Sandinismo, dijo que va a respaldar toda iniciativa que contribuya a detener esa ilegalidad.
“Lo que debemos ver es qué mecanismo jurídico podemos implementar, para impedir que sigan cobrando. De inmediato respaldaríamos cualquier iniciativa en esa dirección”, expresó Baltodano.
La diputada asegura que el cobro que hace el Consejo Supremo Electoral es inconstitucional, porque el ciudadano tiene derecho a recibir su cédula sin pagar nada, y los funcionarios que no cuestionan esa inconstitucionalidad se hacen cómplices de la ilegalidad.
Para Dora María Téllez, dirigente del MRS, lo que está pasando con el cobro de las cédulas es propio del estilo del presidente Daniel Ortega, de separar a las personas, dejando a unas en primera clase y al pueblo en segunda clase.
“Al que tiene reales se las da de gratis, porque esos diputados del Parlacen ganan como cinco mil dólares, y un trabajador agrícola que gana como 1,600 córdobas tiene que ir hasta la cabecera departamental, perder su día de trabajo, lo van a dejar sin comer”, dijo Téllez.
El CSE también ha invitado a opositores del Gobierno a retirar su cédula gratis, lo cual, a criterio de Téllez, es una política de compra, de andar tirando cañonazos, grandes, chiquitos y medianos.
CC INTERPONDRÁ DENUNCIA
En varias ocasiones la Coordinadora Civil (CC) ha señalado que el cobro de la cédula es una ilegalidad.
Luisa Molina, vocera de la CC, dijo ayer que hasta hoy han hecho lo que les corresponde, que es denunciar y acordar con sus integrantes que no van a optar por esa cédula.
Añadió que en Nicaragua estamos asistiendo a una situación en que las mismas instituciones no respetan las leyes ni la Constitución, que tienen los amarres partidarios con los caudillos.
Sin embargo, a finales de agosto un grupo de jóvenes de la CC interpondrán cartas de denuncia ante la Fiscalía de la República.
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