Con movilizaciones, protestas y plantones, miembros del movimiento conocido como los No Pago presionarán a partir de la próxima semana al Gobierno para que compre una deuda de 16 millones de dólares que tienen con las microfinancieras unos 7,000 productores.
Hace casi tres año, en Jalapa, el presidente Daniel Ortega incitó a los deudores a protestar frente a las microfinancieras por considerarlas “usureras”, cuyas consecuencias hasta hoy persisten en el Sistema Financiero Nacional.
Ahora los mismos morosos viajarán a Managua para hacerle plantones al Gobierno para que compre a las microfinancieras la deuda, cuyo monto se lo pagarán en un plazo de 10 años y con “tasas justas”.
Ésa fue la propuesta que oficializaron ayer los dirigentes del No Pago, el ex alcalde sandinista de Jalapa, Omar Vílchez, y José Castillo Urbina, ex candidato a la Alcaldía de Ocotal.
Vílchez culpó a la Superintendencia de Bancos por el reducido número de deudores que podrán pagar sus deudas a las microfinancieras, al haber emitido una normativa contraria a lo contenido en la Ley 716.
Dicha Ley, que fue aprobada por más de 85 diputados en la Asamblea Nacional, establecía las condiciones básicas y de garantías para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora.
Acompañado por un nutrido grupo de morosos, Vílchez afirmó que si bien hasta la fecha unos 11,000 morosos presentaron su carta de compromiso de saldar sus deudas ante las microfinancieras, sólo unos 4,500 podrán honrar sus saldos.
El problema, según Vílchez, es “que la normativa emitida por la Superintendencia de Bancos vino a sustituir a la Ley 716, porque vino a modificar e interpretar la Ley y por eso muchos quedaron excluidos”.
Esta ley daba un plazo de 120 días para renegociar las deudas entre financieras y deudores, con una tasa de interés del 16 por ciento. Además ordenaba suspender los juicios y embargos durante la negociación.
Sin embargo —según Vílchez— la normativa elevó la tasa de interés a más de un 21 por ciento debido a que se incluyeron gastos de otros tipo, también se excluyó a las personas que no tenían capacidades de pago.
El 12 de este mes se vence el plazo para que los más de 10 mil morosos renegocien sus deudas con las microfinancieras.
“Lo que más nos preocupa son las 3,000 propiedades que están en manos de las microfinancieras y bancos”, afirmó Vílchez. Los morosos también están inquietos sobre el futuro que tendrán las más de 500 propiedades que están en manos del Banco del Éxito (Banex), el cual está en proceso de liquidación.
LA PROPUESTA
Para evitar ser embargados por las entidades financieras, “hemos preparado una propuesta para presentarle al Gobierno de la República de Nicaragua alrededor de toda esta gente que no puede pagar que interceda en esta situación”.
La propuesta incluye que el Gobierno ordene a la Policía y jueces que no embarguen ninguna propiedad de los morosos y que rescate las propiedades que ya están en manos de las entidades financieras comprándoles el saldo de la deuda que ronda los 16 millones de dólares.
Luego los 7,000 deudores se comprometerán con el Gobierno a pagarle ese monto en un plazo de 10 años.
Para presentarle directamente al Gobierno su nueva propuesta y presionar para que la apruebe, se espera que el próximo jueves lleguen a Managua unos 5,000 deudores.
“Vamos a marchar desde la Asamblea Nacional hasta la Presidencia de la República para presentar nuestra propuesta de compra de la cartera en estos casos que no se ha podido renegociar con las microfinancieras”, sostuvo.
Vílchez restó importancia a los comentarios del asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, quien afirmó que el Gobierno no podía asumir la deuda de los morosos, al considerar que “al final el que toma la decisión es el presidente Ortega”.
La Ley 716, conocida como Moratoria, también fue idea de los mismos morosos, cuyo impacto está todavía por determinarse.
También piden que se elimine la normativa emitida por la Superintendencia de Bancos y que se prorrogue por cuatro meses más la Ley 716.
MICROFINANCIERAS DISPUESTAS A VENDER CARTERA
El directivo de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), Alfredo Alaniz, se mostró de acuerdo con que el Gobierno compre la cartera de 16 millones para poner fin a un conflicto que ha traído graves consecuencias a las microfinancieras.
La idea de los morosos es que el Gobierno compre esa cartera, pero sin pagarle a las microfinancieras las tasas de intereses por mora.
Sin embargo, Alaniz afirmó que eso es imposible y lo que se podría hacer es reducirle al Gobierno un 30 por ciento del pago del acumulado de la tasa en mora, cuya cifra dijo desconocer.
En tanto el directivo negó que se haya alterado el pago de la tasa de interés establecida en la Ley 716.
“Nosotros estaríamos dispuestos a negociar con el Gobierno (la venta de las deudas) en los términos que ellos mismos aprobaron”, enfatizó Alaniz.
GOBIERNO DEBE ASUMIR DEUDA, AFIMRA MORALES
El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, fue enfático al opinar que el Gobierno no debe involucrarse en las deudas que sostienen los morosos con las instituciones de microfinanzas.
“Yo no estaría muy de acuerdo con una compra de esas cosas (deuda), estaría de acuerdo con darles plazos o darles facilidades, pero adquirir deudas que son malas, es que no son deudas, son pérdidas, es decir, es regalarles 17 millones (de dólares)”, expresó ayer el vicemandatario.
Morales Carazo dijo que un involucramiento del Estado en esa situación sería contra la promoción del libre mercado, por lo cual debe resolverse entre los acreedores y deudores, pues no es rol del Estado asumir ese tipo de pérdidas.
Comparó esta situación con la entrega del bono “solidario” que está otorgando el Gobierno desde mayo pasado a los trabajadores del Estado que perciben menos de 5,500 córdobas mensuales. Según informó, la entrega de ese bono (que se estima beneficia a más de 130 mil personas) equivale en total a unos 20 millones de dólares provenientes supuestamente de la cooperación venezolana, por lo cual no sería “justo” utilizar una cantidad similar de las arcas del Estado para asumir deudas.
“Vos creés que es justo para alguien que no tuvo tal vez o no ha negociado adecuadamente sus deudas destinar esos recursos en lugar de compensar a policías, maestros, enfermeras, personas que ganan un salario bien reducido, para asumir esas deudas que no sabemos cómo y por qué no se pagaron, no lo considero justo, ni ético, ni moral”, sostuvo el Vicepresidente.
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