GUATEMALA/AFP
Grupos de derechos humanos y de empresarios guatemaltecos pidieron al Gobierno renovar por otros dos años el mandato de una comisión avalada por la ONU que busca acabar con la impunidad en el sistema judicial del país, infiltrado por el crimen organizado.
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El mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) termina dentro de 13 meses, y ambos grupos estiman que el tiempo ha sido insuficiente para sanear el corrupto sistema judicial. Además, aseguran, es corto el tiempo para que su nuevo titular, el costarricense Francisco Dall’Anese pueda desplegar una labor efectiva.
La Cicig, una instancia sin precedentes en la ONU, fue creada en diciembre de 2006 para intentar desmantelar los aparatos clandestinos que operan dentro del Estado y reducir la impunidad que llega al 98 por ciento de los procesos judiciales, pero su mandato concluye en septiembre de 2011. No obstante, puede ser prorrogado por otros dos años de mutuo acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco.
El propio Dall’Anese estimó que “trece meses para cumplir cosas, para lo que se requiere años, no va ser suficiente”.
Su antecesor, el jurista español Carlos Castresana, advirtió que desmantelar los aparatos clandestinos que operan en el Estado llevará al menos “una década”.
El presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Amador, comentó que la organización “ha expresado y mantiene su apoyo” incondicional a la entidad independiente de la ONU desde sus inicios.
Al concluir su mandato, la Cicig tiene que delegar todas las herramientas y funciones a la Fiscalía para que ella por sí misma continúe con el desmantelamiento de los aparatos clandestinos y de la impunidad en el país.
El ex vicepresidente Eduardo Stein (2000-2008), quien impulsó la creación de la entidad, también apoya la extensión del mandato, aunque aclaró que es “el Ejecutivo el que lo tiene que negociar con la ONU, y luego el Congreso lo tendrá que ratificar”.
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