Corresponsal/Matagalpa
Tras denunciar a un teniente policial por supuestos actos de corrupción, Juan Francisco Valdés Ráudez sigue oculto, temiendo caer preso.
La denuncia de Valdés, un prestamista con nacionalidad estadounidense, provocó una investigación interna en virtud de la cual la primera comisionada Aminta Granera, directora de la Policía Nacional, confirmaría una propuesta de baja deshonrosa para el teniente Harold Arturo Rivera, quien ejerciendo colateralmente el notariado habría autorizado documentos para trámites oscuros.
Sin embargo, el prestamista exhorta a la jefa policial a que promueva una investigación más profunda “para que se entere de que mis afirmaciones son veraces ( ) porque este señor Rivera y otros oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial pretenden quebrarme ”.
“No permita que existan personas dentro de la institución policial que aprovechan su posición, privilegio y poder para evadir sus responsabilidades ante terceras personas y que son capaces de utilizar la fuerza policial para delinquir a sabiendas que es un acto prohibido e ilegal y que va en detrimento de la institucionalidad y prestigio del que ha gozado la Policía Nacional de Nicaragua”, dice Valdés en un documento que remitió a Granera.
Valdés dice que nunca compareció ante la notaria Martha del Socorro Rodríguez Rivas para otorgar un poder general judicial a favor de Rivera, contenido en el testimonio de escritura pública número 72, del cual LA PRENSA obtuvo copia.
Tampoco para otorgar un poder similar a María Alejandra Rayo Meza, según el testimonio de la escritura número 20 autorizada por Rivera, quien además habría autorizado, el 4 de mayo recién pasado, un poder general de representación otorgado por Roberth Aliz Ramírez Montoya, un taxista que falleció meses antes.
Valdés sostuvo que hay policías y familiares de éstos que supuestamente recibieron préstamos y ahora lo han denunciado por usura, delito que rechaza asegurando que trabaja de acuerdo con las leyes de la materia.
El caso que involucra a policías activos ejerciendo colateralmente el notariado ha generado la polémica sobre los eventuales conflictos de interés y tráfico de influencias.
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