Espacios de participación ciudadana debilitados, asociaciones de pobladores “arrinconadas” en beneficio de los pro gubernamentales Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y una política de secretismo justificada por el temor a perder los trabajos fue lo que encontró un estudio realizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) en diez municipios del país.
A través de grupos focales, entrevistas directas y ejercicios de solicitud de información pública se indagó la forma en que se aplican las leyes de Participación Ciudadana y de Acceso a la Información Pública en los municipios de Managua, Matagalpa, Rivas, León, Jinotepe, Jinotega, San Ramón, Matiguás, Diriamba y Río Blanco, dijo Cristiana Chamorro, de la FVBCH.
Según Chamorro, aunque cada municipio tiene sus particularidades, en general se determinó que, con relación a la Ley de Participación Ciudadana, cuyo objetivo es promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural, se encontró una “nueva realidad entre lo que son los gobiernos municipales y los CPC”.
“Las estructuras de participación ciudadana han sido debilitadas… Los Comités de Desarrollo Municipal han sido sustituidos por los CPC y las estructuras anteriores están en decadencia, porque los gobiernos locales hacen prevalecer la participación de los CPC”, explicó Emilio Ortega, del equipo técnico de la FVBCH.
Alvin Salinas, del equipo que realizó el estudio, señaló que también lograron determinar que los celos y el afán de protagonismo repercute en la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil y en su capacidad organizativa básica, que es el eslabón primario para gestionar labores de incidencia ciudadana.
Considera que otro factor que afecta el ejercicio de la participación ciudadana es la confusión que existe entre dicho ejercicio y las pugnas de los partidos políticos, que a pesar de ser independientes la gente los vincula.
“Hay miles de expresiones ciudadanas que no tienen nada que ver con los partidos políticos y las pugnas interpartidarias… Quizás ése es el punto de vista que debe plantearse… La participación ciudadana no tiene nada que ver con los partidos, hay que hacer moverse a los ciudadanos por otros intereses que son más vitales”, sugirió Salinas.
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
Sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo fin es normar, garantizar y promover ese derecho de los ciudadanos, la investigación determinó que existe un desconocimiento total sobre ella entre los funcionarios y la población de los municipios estudiados.
Además, no existe presupuesto para instalar las oficinas que, según la ley, deben existir en las instituciones para facilitar su cumplimiento; y se percibe la ausencia de voluntad política para que la situación mejore, explicó Chamorro.
Salinas vincula la cultura de negar información a la política de secretismo instaurada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, y al temor no superado de los empleados de poner en riesgo sus trabajos, por causa de brindar información.
Aunque la ley también contempla sanciones a las personas que niegan información e incluso está penado con cárcel en el nuevo Código Penal, la misma falta de voluntad de aplicar la ley y la desconfianza de los ciudadanos en el sistema ha impedido que esto sea efectivo.
La FBVCH seguirá promoviendo capacitación y asesoría, para que se conozca y se utilice la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero considera que tanto el Estado como los ciudadanos deben apropiarse y asumir estos derechos, para mejorar su calidad de vida, indicó Chamorro.
“Lo que queremos es que todos los grupos ciudadanos conozcan sus leyes, para que las diferencias sean resueltas con base en ellas. Cuando los ciudadanos no conocen sus derechos están condenados a que otros, que sí los conocen, utilicen esos derechos y se extralimiten en su ejercicio en perjuicio de ellos”, enfatizó Emilio Ortega.
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