BUENOS AIRES/AP
El ex dictador Jorge Rafael Videla asumió este lunes su responsabilidad por las órdenes que impartió, y reivindicó lo actuado por las Fuerzas Armadas durante el régimen militar (1976-1983) ante un tribunal que lo juzga por crímenes de lesa humanidad.
«Asumo mi responsabilidad en la guerra interna, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes», dijo Videla ante los jueces del tribunal oral en lo criminal número 1 de la provincia de Córdoba, 700 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Videla, de 84 años, es juzgado por el homicidio allí de 31 presos políticos. Es el primer proceso que enfrenta desde que la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2007 el indulto que le permitió eludir la condena a cadena perpetua que recibió en el histórico juicio a las juntas militares de 1985.
El ex dictador, considerado el arquitecto del sistema represivo que llevó a la muerte a miles de personas, sostuvo que «siempre reconocí la autoría de las directivas que impartí en cumplimiento de otras directivas del Ministerio de Defensa, y en facultad de los artículos constitucionales que se acomodaban a las doctrinas vigentes».
Tras su breve exposición, Videla informó a los jueces que no prestará declaración durante el proceso porque, recordó, ya fue juzgado y absuelto por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en 1984, y un año después condenado por la cámara federal en el juicio a las juntas.
«Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa», indicó.
Las 31 víctimas militaban en agrupaciones izquierdistas, habían sido detenidas antes del golpe militar de 1976 y se encontraban alojadas en la Unidad Penitenciaria San Martín de Córdoba, a disposición de un juez.
Pese a que los detenidos estaban bajo proceso judicial fueron ejecutados a balazos, con la excusa de los militares de que intentaron fugarse.
Junto a Videla, también es juzgado el ex general Luciano Benjamín Menéndez y una veintena de militares retirados, ex policías y civiles.
Como presidente de la primera junta militar, Videla debe responder por los cargos de imposición de tormentos seguidos de muerte; homicidio calificado y encubrimiento.
