Un CPC podría mandar a traer preso y hasta imponer una sanción a cualquier ciudadano si considera que está violando la ley ambiental, según las atribuciones que brinda una nueva ordenanza municipal, según denunciaron concejales liberales.
- Por su parte el secretario del Concejo de la Alcaldía de Estelí, Rafael Raudez, explicó que la ordenanza aprobada recientemente viene a fortalecer los mecanismos para evitar los delitos ambientales, y los controles de los delitos ambientales no se pueden hacer sin la participación de la ciudadanía.
Indicó que esto es una facultad de los organismos e instituciones correspondientes.
Aunque los ciudadanos tenemos derecho de denunciar un delito. Si yo veo un ciudadano que está afectando algún recurso tengo todo el derecho de denunciarlo para que la autoridad competente tome las medidas que mire correspondientes, dijo Raudez, quien agregó que la atribución no es exclusiva de los CPC.
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Los cuatro concejales liberales, tres de ellos del Movimiento Vamos con Eduardo (MVCE), de la Alcaldía de Estelí, votaron en contra de la Ordenanza Municipal para la Protección, Conservación y Reforestación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado por los seis concejales sandinistas, incluyendo el alcalde Francisco Valenzuela.
DAN PODER A CPC
El concejal de MVCE, Raúl Herrera, explicó que no están en contra de la protección del medio ambiente, sino contra las facultades que la ordenanza le da a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
“Lo que está haciendo el FSLN es partidizando el medio ambiente, que es un patrimonio no sólo de los orteguistas, sino de todos los nicaragüenses”, dijo Herrera, quien asegura que dentro de la ordenanza para su aplicación y hasta para formular las sanciones solamente toman en cuenta a los CPC.
De esta manera los CPC se estarían convirtiendo en los antiguos CDS, dijo Herrera, quien basa su opinión en el artículo tres de la ordenanza que en parte dice: “Se reconoce como instancia a los gabinetes del Poder Ciudadano para debatir, analizar, consultar y decidir sobre la formulación e implementación de políticas y estrategias, planes, proyectos y acciones relacionadas con la promoción, protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente”.
Asimismo, la ordenanza establece que el Gobierno municipal con el gabinete ambiental del Poder Ciudadano serán los encargados de elaborar el régimen de prohibiciones y velarán porque se cumpla con todas las leyes ambientales y sus prohibiciones.
Para Herrera, el hecho de que las autoridades no le den esa misma relevancia a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en con el medio ambiente, es una exclusión antojadiza que tiene sus propios objetivos que no es precisamente la conservación del medio ambiente.
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