Fotos de La prensa/Archivo
A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la salida forzada de Manuel Zelaya de la Presidencia de Honduras, todavía hay quienes dudan en llamar “golpe de Estado” a lo ocurrido aquel 28 de junio de 2009. Sin embargo, lo que más pesa en este momento son los problemas que heredó el país tras la revuelta política y los efectos de un cambio tan brusco en el Poder Ejecutivo.
El nuevo gobierno —electo por votación popular— aún se enfrenta al rechazo de algunos países y el apoyo —aunque parezca interesado— de otros, además de la inseguridad ciudadana, la violencia, el crimen organizado y la corrupción estatal, entre otros.
A nivel internacional Honduras aún tiene pendiente la reanudación de sus relaciones diplomáticas con 17 países de los 103 que le dieron la espalda después de que las Fuerzas Armadas obligaran a que Zelaya subiera a un avión que lo trasladó a San José, Costa Rica, la madrugada del 28 de junio.
Según dio a conocer el canciller Mario Canahuati, a la agencia EFE, por ahora Honduras está en el proceso de acreditación de embajadores en Francia, Alemania, Belice, España, y quedan por designar diplomáticos en Canadá, Italia y Suecia.
Pero éste no es un proceso fácil. Honduras ni siquiera ha logrado su reintegro a la Organización de Estados Americanos (OEA) a pesar de los varios intentos que se han hecho, ya que el rechazo de los países afiliados al Alba tiene mucho peso y desde el principio la mayoría de sus miembros manifestó su rechazo a un “golpe de Estado” y se solidarizaron con el depuesto Manuel Zelaya.
Es más, Honduras no ha logrado reintegrarse al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a pesar que su presidente electo, Porfirio “Pepe” Lobo, ha sido bien recibido por sus homólogos en la región, pero hasta ahora ninguno de éstos ha tomado la iniciativa de convocar a una reunión en la que se discuta el tema.
Desde la óptica de Mauricio Díaz, ex diplomático nicaragüense y actual diputado ante el Parlamento Centroamericano, el problema es que Honduras no ha logrado quitarse el velo de un país que sufrió un golpe de Estado y por consiguiente, su nuevo gobierno, aunque fue producto de una votación popular, carga con las consecuencias.
“Honduras sigue siendo el dolor de cabeza de José Miguel Insulza, su preocupación es porque Honduras se reintegre a la Organización de Estados Americanos (OEA) y el problema es la resistencia de los países del Alba que mantienen la tesis que es un gobierno producto de un golpe de Estado”, argumenta.
Pero, aunque parezca contradictorio, existen quienes minimizan la importancia de un reintegro en la OEA. Por ejemplo, el comisionado de Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, califica a la OEA y el SICA como “espacios propicios para la alianza contra Honduras”, debido a los diversos intereses políticos que están en juego entre sus miembros.
Los tribunales habían declarado ilegal una consulta popular que pretendía realizar Zelaya para que “el pueblo decidiera” su reelección.
En esa ocasión, Micheletti, quien antes de ser nombrado presidente interino fue presidente del Congreso, explicó que con la pretensión de reelección, Zelaya violaría siete artículos de la Constitución hondureña, referidos al período presidencial, la dimensión del territorio o la reelección.
“Yo me reuní con él muchas veces para intentar convencerlo de que diera marcha atrás pero no hubo forma. Además de eso estaba en marcha un golpe de Estado técnico para desconocer las instituciones y que nosotros impedimos”, dijo Micheletti en conferencia de prensa.
Y agregó, “sin ir más lejos, cuando Zelaya llega a Costa Rica dice que su consulta iba a obtener 420 mil votos a favor. ¿Cómo lo sabe? ¿En qué país del mundo pasa eso? Pues porque todo estaba ya preparado. Cuando consumara su consulta tenía previsto ir a una Asamblea Constituyente que él mismo iba a convocar”.
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¿Hay democracia en Honduras? El 29 de noviembre pasado el pueblo hondureño acudió a las urnas electorales para elegir a un nuevo Presidente. Aunque fueron unas elecciones reconocidas por Colombia y Estados Unidos y contaron con la participación de observadores internacionales, el hecho de haber sido organizadas por el gobierno interino de Roberto Micheletti, le restó varios puntos ante la comunidad internacional que rechazó desde el principio la destitución de Zelaya.
Micheletti fungía como presidente del Congreso hondureño desde enero del 2006, y luego de la salida forzada de Zelaya, el mismo 28 de junio fue electo presidente interino del país, con el voto de 123 diputados a favor y cinco en contra.
Cinco meses después, el presidente interino convocaba al pueblo hondureño a votar en las urnas y elegir a un nuevo Presidente. Los propuestos fueron Porfirio Lobo, candidato por el Partido Nacional (conservador) y Elvin Santos, del Partido Liberal.
De ese día resultó lo que el comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, prefiere llamar el surgimiento de dos nuevos “Poderes legítimos”, el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero a pesar de todo, todavía algunos países continúan cuestionando esas elecciones, y desde el punto de vista de Custodio, Honduras continúa siendo intervenida por quienes respaldaron en algún momento la salida de Zelaya, como Estados Unidos, por ejemplo.
Custodio afirmó a Domingo, vía correo electrónico, que Estados Unidos continúa ejerciendo mucho poder en las decisiones de su país, algo que él no ve con buenos ojos, porque aunque parezca contradictoria dice que hay una alianza entre Estados Unidos, visto como el “imperio”, y su Gobierno al que llama “revolucionario”.
A pesar de la crisis política nacional e internacional que el presidente Lobo no ha podido superar, lo cierto es que Honduras tiene una amplia agenda de temas pendientes que afectan directamente a la población.
El nivel de corrupción estatal es tan alto que apenas ocupa el puesto 130 en el ranking mundial realizado cada año por la organización Amnistía Internacional entre 180 países.
Tanto Nicaragua y Honduras comparten un índice de percepción de corrupción de 2.5 puntos, cuando 10 es la mejor nota y 0 es la mayor puntuación de corrupción.
Costa Rica es percibido por el empresariado y algunos analistas como el país menos corrupto de la región con 5.3 puntos. Le siguen, El Salvador, Guatemala y Panamá con 3.4 puntos.
Uno de los grandes problemas que no han podido superar hasta ahora, según Custodio, es que el gobierno de Pepe Lobo ha querido obtener resultados diferentes pero aplicando las mismas propuestas y planes de gobernabilidad que antes había ejercido Manuel Zelaya durante su mandato, en cuando a la seguridad pública, salud, educación, corrupción, desempleo y desarrollo.
Además, la violencia y el crimen organizado han hecho girar las miradas hacia este país donde, en lo que va del año, ocho periodistas han sido asesinados.
“El asesinato de periodistas es parte de la violencia homicida compartida con Guatemala y El Salvador. En esto también se reflejan intereses pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA albista, negó una petición mía para otorgarle medidas cautelares a los periodistas hondureños. Considero que puede haber más bien una conexión con el crimen organizado, el narcotráfico y el vicariato a su servicio”, comenta Custodio, quien en otro momento ha alertado del peligro de que Honduras se convierta en un “narcoestado”.
Honduras es considerada una nación violenta ya que por cada cien mil personas mueren 68. Según información publicada en el diario hondureño El Tiempo, en ese país del total de denuncias registradas en el año 2009, solamente el 20 por ciento fueron investigadas por el Ministerio Público.
Además, el 80 por ciento de las víctimas de delincuencia prefieren no denunciar sus casos por la alta inseguridad jurídica que existe.
Los ocho asesinatos de periodistas registrados este año han levantado las sospechas de si esos crímenes tienen relación con el golpe de Estado y las revueltas políticas que surgieron a su paso o con el traspaso de gobierno de Pepe Lobo y los grupos de resistencia. Sin embargo, aunque con el incremento del crimen organizado en la región es evidente, la verdad es que hasta ahora el gobierno de Lobo no ha podido esclarecer los asesinatos ni ha brindado respuesta alentadoras sobre los avances en las investigaciones.
“En río revuelto ganancia de pescadores”, parafrasea Mauricio Díaz un dicho popular. “Ojalá (los asesinatos a periodistas) no tengan que ver con el Gobierno, son golpes a la libertad de expresión y cuando se trata de vidas humanas es incalificable… Tal vez convenga ser más exigente con el gobierno de Lobo en sus investigaciones”.
Honduras se debate entre la constante agitación ejercida por grupos de resistencia que piden el retorno de Manuel Zelaya al país y la conveniencia o no de éste mismo para regresar a una nación donde el Poder Judicial permanece atento a que, en cuanto ponga un pie sobre tierra hondureña, apresarlo y enjuiciarlo por las violaciones a la Constitución de las que se le acusa.
Por lo tanto, ¿conviene o no un retorno de Zelaya? Mauricio Díaz es de los que piensa que ni a Honduras y mucho menos a Zelaya les convendría una situación como ésa debido a la inestabilidad interna que no han podido superar y además, a las presiones que ejercen los países alineados al Alba.
Además, aunque Lobo ha dicho en alguna ocasión que estaría dispuesto a apoyar un retorno de Manuel Zelaya, es necesario recordar que a su salida, Zelaya recibió el rechazo de sectores importantes como el empresarial, las Iglesias, parte de la ciudadanía y hasta su propio partido político.
Ese “coqueteo” que mantiene Lobo, de alguna manera, con la Alba y su disposición para recibir a Zelaya en tierra hondureña, le ha costado. Hace un par de semanas, él mismo afirmó los rumores de que existía la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, perpetrado por ciertos sectores que se mantienen en desacuerdo con él y que estarían dispuesto a defenestrarlo.
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