SAN SALVADOR/AFP
Dos ataques cometidos por pandilleros contra microbuses de transporte colectivo en los que murieron 17 personas causaron conmoción en El Salvador, donde distintos sectores demandan medidas “efectivas” para frenar la ola de criminalidad.
Los crímenes cometidos la noche del domingo son calificados como “salvajes” y “terroristas” por las autoridades, mientras los familiares aguardan a que los restos de los muertos sean identificados. Los transportistas piden medidas drásticas contra los culpables.
Según un nuevo balance, 14 personas murieron calcinadas y otras doce resultaron heridas cuando presuntos integrantes de la pandilla “Mara 18” incendiaron un microbús en la ciudad de Mejicanos, al norte de San Salvador.
POLICÍA DETIENE A SIETESUPUESTOS PANDILLEROS
La Policía detuvo a siete supuestos pandilleros, entre los que estarían los autores de los hechos, informó ayer el presidente Mauricio Funes, tras lamentar los ataques.
En otro suceso similar, pandilleros abordaron un microbús y dispararon contra los pasajeros. Dos niñas y un adulto murieron en el ataque.
“Es un hecho lamentable, vamos a llegar al fondo de todo este asunto porque ya esto es un acto de terrorismo que no vamos a dejar que quede impune, murieron inocentes”, señaló el director de la Policía, Carlos Ascencio.
El ministro salvadoreño de Seguridad, Manuel Melgar, detalló a periodistas que el incendio del vehículo se produjo en momentos en que policías perseguían a los presuntos implicados en el ataque con armas de fuego al otro autobús.
“Es un hecho planificado, ya no se trata de delincuencia común, sino de hechos verdaderamente de terrorismo”, consideró Melgar.
Medicina Legal recibió los 14 cuerpos “totalmente carbonizados”, por lo que será necesario efectuar pruebas de ADN para poder identificar a cada uno de ellos, aseguró el director de la institución, Mario Hernández.
EL SALVADOR ESTÁCONMOCIONADO
El país amaneció conmocionado, pues se trata de la primera vez que pandilleros incendian autobuses con pasajeros en su interior.
“Estamos ante una situación alarmante de criminalidad. El que esté muriendo gente inocente de esta manera nos debe llamar a hacer una reflexión y pensar que de una vez por todas se debe poner un alto a la violencia delincuencial”, dijo el obispo de la iglesia luterana, Medardo Gómez.
La Policía aún desconoce los móviles, aunque podría tratarse de una advertencia a los empresarios de buses que se niegan a pagar extorsiones a las pandillas.
“¿Qué más quieren que suceda? Las pandillas siguen acosando, es necesario ver en las calles más seguridad y no solo ver a funcionarios hablando de planes contra los criminales”, dijo el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, Genaro Ramírez.
EX MINISTRO DEMANDAACCIONES COHERENTES
El ex ministro de Seguridad, Francisco Galindo, señaló la necesidad de diseñar “acciones que sean coherentes” con lo que ocurre.
“El Gobierno debería revisar el marco de las acciones de seguridad, ver si lo que se está haciendo responde a lo que la población necesita. De lo contrario se debe dar un golpe de timón y dar un giro en la forma en que se está enfrentando esta situación, se debe perseguir a toda el hampa”, recomendó Galindo.
Una fuente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada dijo a la AFP que “el clamor de la gente es real, ya no se soporta esta situación de inseguridad, el Gobierno debe evaluar si algo está fallando porque pareciera que lejos de mermar, la violencia se va incrementando”.
El Gobierno emprendió desde finales de 2009 una ofensiva contra la violencia delincuencial, que deja 13 muertos por día en El Salvador. Para ello envió más de 4,000 soldados a las calles para reforzar a la Policía en las tareas de seguridad pública.
TRANSPORTISTASCONDENAN CRIMEN
El presidente de la Federación de Cooperativas de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans), Catalino Miranda, condenó ayer los ataques a los autobuses y dijo que “es un hecho condenable”, “un acto terrorista” e, incluso, “un peldaño más, es un genocidio”.
Miranda adelantó a Acan-Efe que la asociación, la principal del sector en El Salvador, tiene previsto solicitar a las autoridades el “estado de excepción” para que “se suspendan las garantías y se persiga verdaderamente el delito”.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,6 A
