Recientemente, los medios de comunicación nos han informado sobre un encuentro que sostuvieron magistrados de la CSJ, Fiscalía, diputados de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Policía Nacional y Ministerio de Gobernación. Estos honorables señores y señoras trataron temas del ámbito penal dentro de los cuales están las penas, fugas de reos y resoluciones judiciales. Otro tema que los representantes tomaron en consideración fue sobre los bienes provenientes del narcotráfico que deben depositarse al Ministerio de Hacienda y de ahí ser distribuidos como manda la ley.
Nicaragua, por su posición geográfica en el centro del continente y poseer costas en los océanos Pacífico y Atlántico, resulta atractiva para el narcotráfico. Las regiones sur y norte de América coloca al país en el vértice del conflicto entre las regiones productoras y consumidoras. Los puntos de mayor uso del narcotráfico internacional en Nicaragua son regiones con altos niveles de vulnerabilidad que van desde la extrema pobreza hasta problemas étnicos, culturales, conflictos internacionales de soberanía sobre territorios que han sido hasta hoy el puente de enlace con el principal país productor. Es de preocupación para el pueblo que los gobernantes no tengan conciencia que en las últimas décadas las condiciones socioeconómicas y políticas han facilitado la narcoactividad en todos los estratos sociales, trayendo como consecuencia el incremento del consumo y venta. Esto quiere decir que en Nicaragua el crimen organizado actúa.
Sin embargo, en este marco la red del crimen organizado es de tal envergadura que a los jueces les es difícil tratarla como deberían, dado que conviven con la necesidad de resolver delitos que se dan a diario como robos y homicidios, quizás asociado al uso y abuso de drogas y cuya resolución en muchos casos es más urgente. Por tanto, ¿quién garantiza que un juez no ha recibido amenazas u otra índole de solicitudes? Por tal motivo, considero en la creación de juzgados especializados que traten el lavado de activos, entre otros.
Con los tribunales de drogas se evitaría inconvenientes como amenazas a los jueces, además protegerlos, preservar su identidad y por consiguiente su integridad, sería una medida saludable que les permitiría superar como seres humanos que son, todo tipo de aprehensiones y temores para poder aplicar justicia con todo el rigor que merezca la gravedad de los crímenes que sean sometidos a su conocimiento y fallo. Además, los jueces que tratan delitos del crimen organizado deben estudiar los expedientes, desenredar ese entramado de actores involucrados, por lo cual también necesitan asesores que los orienten en estos temas. Por lo mencionado es necesario que se creen esos tribunales especiales, con un equipo multidisciplinario y seleccionado por concurso y en capacitación constante en materia de drogas, como tratamiento y prevención. Los jueces penales no sólo deben de conocer el Código Penal, tratados internacionales, Nicaragua también necesita jueces sensibles que conozcan las consecuencias que trae el consumo de drogas, para la salud física y mental.
En tal sentido, destaco la voluntad política y sensibilidad que deben poseer las personas de las instituciones y el Presidente de la República, lo que propongo a esa situación, se responde con una coordinación imprescindible a nivel internacional. No hay nadie que de por sí pueda abarcar esto, si no se trabaja coordinadamente con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
Pero para todo esto los señores reunidos en esa sesión de trabajo deben hacer un mínimo esfuerzo porque no se hace un intento para que la mayor cantidad de bienes incautados sean devueltos a la sociedad, ya sea a través de los centros de rehabilitación existente o distribuyéndolos al Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas y el Instituto Contra el Alcoholismo y Drogadicción. En Centro América, Nicaragua es el único país que los bienes del narcotráfico no se utilizan en programas de prevención y tratamiento y por eso estamos aplazados.
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