PARÍS/EFE
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que mantenga la suspensión a Honduras puesto que no se ha restablecido la normalidad democrática tras el golpe de Estado de hace un año.
La presidenta de la organización, Souhayr Belhassen, exigió que se mantengan las sanciones políticas y diplomáticas impuestas a Honduras tras el golpe mientras que no se compruebe, mediante observadores, «el verdadero restablecimiento de la democracia, la independencia de los poderes del Estado y el respeto de los derechos civiles y políticos».
La FIDH teme que algunos países latinoamericanos y Estados Unidos pasen página y reconozcan el Gobierno de Porfirio Lobo, sucesor de Roberto Micheletti, quien asumió el poder tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Ante la próxima Asamblea General de la OEA, que empieza este fin de semana en Lima, la organización defensora de los Derechos Humanos advirtió en un comunicado que el actual Ejecutivo hondureño «no merece ser legitimado», puesto que no ha sido elegido conforme a lo establecido en el Acuerdo Tegucigalpa-San José del 29 de octubre pasado.
De la misma manera, denunció violaciones de los derechos humanos en diferentes ámbitos de la sociedad hondureña, desde la Justicia -por dejar impunes a los militares acusados de participar en el golpe y destituir a los jueces opositores-, hasta la prensa o los ciudadanos «que manifiestan su oposición al nuevo Gobierno».
Con la llegada de Lobo, los promotores del golpe han visto incrementado su poder «en el seno de instituciones clave de Honduras», además de mantener el control sobre las que ya tenían con Micheletti, como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, agregó la FIDH.
La organización lamentó la falta de voluntad política para alcanzar una reconciliación nacional, como demuestra la ausencia de las condiciones necesarias para el regreso del depuesto presidente, Manuel Zelaya, y la «persecución penal que sufren los ministros» de su Gobierno que han vuelto al país.
De la misma manera, «el clima de amenazas y hostigamiento» vigente oprime la libertad de expresión de periodistas y de defensores de los derechos humanos, algunos de cuyos líderes han sufrido secuestros temporales y más de diez de ellos han sido asesinados, indicó.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constatara durante su visita a Honduras el pasado mes de mayo que en el país centroamericano continúa la impunidad por la violación de los derechos humanos, sólo ha sido encarcelada una persona por estos hechos.
Otros doce procesos «están estancados por la falta de voluntad de los distintos órganos del Estado», señaló la FIDH.
La organización instó a la OEA a que apoye la creación de una Comisión de la Verdad Alternativa, puesto que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación vigente limita su estudio a un breve periodo de tiempo y no investiga las violaciones de derechos humanos.
