Los diputados de la Asamblea Nacional pasaron a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos el proyecto de ley de reforma a la Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica (Ley 661), presentado por el Poder Ejecutivo.
Este proyecto contempla ampliar el rango de cobertura de la Ley 661, para que los usuarios del sector energético que tienen consumos de 200 kilovatios hora mes puedan ser sujetos a inspecciones, sanciones penales y multas, de comprobarse que sustraen energía de forma ilegal.
Este proyecto vendría a darle mayores facultades legales a la empresa Gas Natural, que administra las empresas distribuidoras Disnorte-Dissur, para “perseguir” a los usuarios de clase media, según declaraciones de Eliseo Núñez Hernández, presidente de la Comisión de Infraestructura.
Núñez Hernández manifestó que muchas familias pobres podrían verse afectadas de aprobarse la reforma.
“Creo que es necesario analizar bien esta propuesta, porque veo, según mi criterio, que sería como darle una ‘pistola’ a la empresa distribuidora para que pueda ‘amenazar’ constantemente a los ciudadanos de clase media y aplicar sanciones hasta de tipo penal”, indicó.
Señaló que la actual Ley 661 contempla sanciones penales, para aquellos clientes con un consumo mayor a los 500 kilovatios hora mes, que cometan sustracción de energía de forma ilegal.
PÉRDIDAS DE US$3 MILLONES
Según la exposición de motivos del proyecto presentado ayer, el objetivo de la reforma es reducir el margen de pérdidas que tiene la distribuidora Gas Natural, de la que el Gobierno es accionista, por energía sustraída de forma ilegal.
Jorge Katín, gerente de comunicaciones de Gas Natural, manifestó que no conocía con exactitud el contenido del proyecto presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, explicó que la idea con este proyecto es reducir las pérdidas energéticas.
“Hay muchos negocios comerciales y talleres que consumen menos de 500 kilovatios y lo hacen de forma ilegal. Las pérdidas para nosotros representan hasta tres millones de dólares mensuales”, indicó.
Katín señaló que la empresa podría disponer que al nuevo segmento de clientes, que abarcará la reforma a la ley, no se le aplicaría ninguna sanción la primera vez que fuese encontrado conectado de forma ilegal.
“Se ampliará la cobertura (de la Ley 661) para reducir las pérdidas energéticas y que estos usuarios que no quieren pagar y tienen recursos, paguen por la luz”, enfatizó el diputado Agustín Jarquín Anaya.
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