Por Lucía Navas y Ludwin Loáisiga
La manera poco transparente en el manejo del “bono regalo” a los empleados públicos de parte del Gobierno puede provocar un desfase en el cumplimiento de Nicaragua dentro del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual implicaría que el país no reciba 78.5 millones de dólares en total, de parte del Fondo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este año.
La suspensión por parte del Directorio del FMI de la cuarta revisión del programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA) suscrito con Nicaragua implica retrasar no sólo el desembolso inmediato de 18 millones de dólares, sino además alargar la entrega de otros 18 millones de dólares restantes del monto comprometido por el Fondo para este año, que en total suman 36 millones de dólares.
También afecta el desembolso de 42.5 millones de dólares del BID en concepto de apoyo presupuestario en el 2010, por estar éste atado a que Nicaragua se mantenga en el programa con el FMI.
El presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, dijo que por eso “es indispensable” que retomen la revisión, a fin de que no haya un desfase en la programación con el FMI, pues reconoce que lo contrario afectaría los recursos de toda la cooperación.
“Estamos obligados a tener un programa con el FMI, porque representa un reconocimiento de las instituciones financieras internacionales, de la comunidad cooperante de que estamos desarrollando unas políticas macroeconómicas responsables y cumplimos con ellas”, aseguró Rosales.
A las consultas de LA PRENSA, la representante del BID, Mirna Liévano, respondió que los 42.5 millones de dólares que son en concepto de apoyo presupuestario en efecto están atados al programa con el Fondo, pero que su desembolso está sujeto a la próxima revisión del programa, que sería la quinta.
Este monto representa el 20 por ciento de los 172 millones de dólares que en total el BID tiene proyectado entregar a Nicaragua en el 2010.
El representante del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Luis Barbosa, aseguró que hasta ayer por la tarde desconocía los canales de distribución del bono extrapresupuestario, aunque señaló que lo lógico sería a través del Ministerio de Hacienda.
Estaba previsto que durante una reunión ayer los representantes sindicalistas agremiados en el FNT consultaran a Gustavo Porras, pero al final se decidió cancelar el encuentro.
“Todavía no sabemos cómo se va a distribuir el bono. Hoy (ayer) le vamos a preguntar a Gustavo Porras en nuestra reunión semanal. Pero lo que está clarito es que a través de los fondos del Alba. ¿Quién lo distribuirá?, pues todavía no tenemos el nombre”, comentó Barbosa.
“Lo único que conozco —aseguró—, extraoficial, es que el bono proviene del Alba y van a ser ellos los que van a distribuirlo. Creo que va a ser un fondo transferible a cada una de las instituciones y las instituciones le van a entregar a cada quien conforme a la planilla, creo que es lo más lógico”.
Barbosa no descartó que cada bono será emitido con el nombre de cada trabajador que está en el rango de los 5,500 córdobas, quien al momento de recibir el dinero deberá firmar como recibido.
Indicó que si bien Hacienda no es el administrador directo de los fondos, va a proporcionar la planilla del Estado para que Albanisa seleccione a los trabajadores que están en el rango salarial antes mencionado.
“El dinero se tiene que entregar bajo firma” para garantizar la transparencia de que el trabajador que está recibiendo el fondo está bajo el rango de los 5,500 córdobas y para que Albanisa tenga un soporte del desembolso del fondo, apuntó.
Defendió que Albanisa, como entidad privada, esté apoyando a los trabajadores del Estado, lo que a criterio del líder sindicalista nunca una empresa privada de este país hace con sus trabajadores.
Wendy Álvarez Hidalgo
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DINERO NECESARIO
Rosales sostuvo que los 78.5 millones de dólares deben recibirse, pues “al estar ligados a la acumulación de reservas del país, van a permitir que el Gobierno tenga la disponibilidad de recursos que tiene en el Banco Central para usarlos en los diferentes programas de inversión pública, y además para pagar los salarios de los trabajadores públicos”.
“De tal manera que son muy importantes y la necesidad de que vengan a Nicaragua, de forma oportuna, porque de nada serviría que vengan cuando ya no tiene ningún impacto”, dijo.
FMI QUIERE TRANSPARENCIA
Pero el gobierno de Daniel Ortega al parecer tiene dificultades en convencer a los funcionarios del FMI de retomar la cuarta revisión del programa y evitar con ello afectar su continuidad.
Sin embargo, LA PRENSA conoció que el organismo está pidiendo, además de que se les aclare el impacto en la base salarial de los trabajadores públicos y en la inflación de la economía, que se brinde un análisis concreto sobre los procedimientos técnicos, el manejo operativo, la implementación y se explique por qué están fuera del presupuesto los 500 millones de córdobas del “regalo solidario” de parte de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).
Según la información brindada por una fuente dentro de las conversaciones, el FMI piensa que al ser el bono de 529 córdobas por mes, a 120 mil empleados públicos, éste es un gasto en salario adicional que no estaba contemplado y finalmente es un gasto público y debe ser reflejado en el Presupuesto.
Para el FMI el bono hace crecer la masa salarial dentro del Estado, una acción que no está reflejada en el Presupuesto de la República del 2010, el cual ya incluye el incremento del salario mínimo del 12 por ciento en el año.
Según nuestra fuente, “no es normal, pero tampoco inusual” que se suspenda una reunión del Directorio del FMI, pues ya ha pasado en otras ocasiones. Se afirma que el diálogo es normal y se mantiene, y aunque se comparte la necesidad de un nuevo encuentro de los equipos del Fondo y del gabinete económico, no se ha llegado a una fecha.
Pero el BCN quiere que se retome el Directorio en mayo para evitar afectar el programa.
El presidente del Banco Central sigue opuesto a que los 500 millones de córdobas donados por Albanisa pasen al Presupuesto y a que los distribuyen en la estructura de las instituciones, porque representaría asumir el país una deuda con esta empresa, que es de sociedad mixta, conformada entre Petróleos de Venezuela y Petronic Gobierno.
Respecto a si es respaldado por Ortega, Rosales respondió que “los hechos son los que deben mostrar el respaldo a una posición. (…) Estoy seguro de que el Presidente comprende la dimensión de una medida de esa naturaleza y que no se usarán las estructuras estatales”.
GOBIERNO DEBE OLVIDAR POPULISMO
Pero la situación preocupa, según el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, para quien el Gobierno debe “olvidarse del populismo” y pensar en el bien de los 5 millones 700 mil nicaragüenses, y no únicamente en los 120 mil empleados públicos.
Aguerri sostiene que “la salida debe ser técnica y transparente”, la que a su parecer parte de que el bono salarial pase al Presupuesto, pues “de esa manera se da transparencia y se le quita el elemento de clientelismo político a la medida”.
Responsabilizó al Gobierno de haber puesto en riesgo la sostenibilidad macroeconómica, y por ello dijo que debe enrumbar lo más pronto al país dentro de los compromisos con el Fondo.
Los diputados liberales Francisco Aguirre Sacasa y Eduardo Montealegre expresaron ayer sus temores de que la cancelación de una revisión que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizaría a Nicaragua genere una negativa reacción en cadena con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Esto va a tener incidencia en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Era una cuestión de tiempo, la bomba tenía que estallar (…) hay vasos comunicantes entre el BID, Banco Mundial y el FMI. En el caso del Banco Mundial y el FMI, el vínculo consiste hasta en un túnel que une a los dos edificios, porque los dos edificios se inauguraron al mismo tiempo”, señaló Aguirre Sacasa.
En tanto, Montealegre afirmó que el bono salarial demuestra que bajo la Administración de Daniel Ortega el número de empleados en el Estado ha incrementado desmesuradamente, ya que en 2006 se contabilizaban no más de 85 mil empleados públicos, pero ahora el mandatario sostiene que el complemento de 529 córdobas beneficiará a 120 mil personas que ganan 5,500 córdobas.
“El bono no es una cuestión permanente y no tiene sostenibilidad y el FMI busca que los gastos sean sostenibles, financiados por recursos internos, en otras palabras de impuestos, o de una donación permanente. Pero aprobar un aumento salarial, que de hecho eso es lo que es, que no tenga sostenibilidad ni fuentes financiables internas, el FMI no lo va a ver bien”, advirtió Montealegre.
Sin embargo, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió todo lo actuado, pues “ no son recursos del erario y no tiene nada que ver con el impacto de la masa salarial, porque la masa salarial sigue vinculada al crecimiento de la inflación, que es la meta que hemos acordado con los organismos financieros”.
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