Por Eduardo Cruz
Los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) radicaron hoy el recurso de conflicto positivo de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado que presentó la diputada sandinista Alba Palacios, el 8 de febrero de este año, debido al decreto 3-2010 que emitió el presidente Daniel Ortega para prorrogar en sus cargos a todas las autoridades de poderes del Estado a quienes se les vence sus períodos en este año 2010.
Pero el magistrado liberal Sergio Cuarezma calificó como ilegal la radicación del recurso de Palacios, porque el auto de resolución tiene fecha del 7 de abril del 2010 y está firmado por la magistrada sandinista Ligia Molina, quien en esa fecha estaba de vacaciones, aseguró Cuarezma.
“Ese auto lo firmaron hoy y no el 7 de abril”, dijo Cuarezma, quien señaló que a los sandinistas se les cayó la mentira. “La mentira tiene piernas cortas”, dijo el judicial.
Con la radicación del recurso, los sandinistas piden a Ortega y al presidente del Parlamento, el diputado sandinista René Núñez brinden un informe a la Sala Constitucional sobre el caso, y mantienen vigente el decreto de Ortega.
El magistrado sandinista Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional, indicó que también se ordena a la Asamblea Nacional que se abstenga de seguir tramitando la ley que anularía el decreto de Ortega, e instruyen a todos los tribunales de apelaciones que no conozcan de ningún recurso de amparo relacionado con el “decretazo”.
De acuerdo con los magistrados liberales de la Sala Constitucional, Cuarezma e Iván Escobar Fornos, el auto de radicación del recurso es ilegal, porque los magistrados sandinistas resuelven invadiendo atribuciones que le corresponde a la Corte Plena, y además se exceden ordenando a los tribunales de apelaciones que no tramiten ningún recurso de amparo relacionado con el decreto de Ortega.
El magistrado Francisco Rosales aseguró que la magistrada Molina “renunció” a sus vacaciones para poder firmar el auto de resolución del 7 de abril, en el que se radica el recurso presentado por la diputada sandinista Alba Palacios.
