Bogotá/ EFE
México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica reaccionaron al unísono contra la nueva ley aprobada en el Estado de Arizona, en el sur de Estados Unidos, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
Guatemala, Honduras y El Salvador, además de México, los países de la región que más emigrantes e indocumentados tienen en EE.UU., manifestaron sus temores por el efecto discriminador de la nueva norma hacia sus ciudadanos en ese país y la persecución que se puede desatar contra éstos.
- La promulgación en Arizona de una ley sin precedentes que obliga a detener a los indocumentados podría convulsionar el debate migratorio en Estados Unidos, donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el viernes la ley SB 1070, que por primera vez en Estados Unidos obliga a la policía de un estado a identificar y detener a los migrantes ilegales.
Unos 460.000 indocumentados viven en Arizona, un estado fronterizo con México. La ley ha sido criticada por el propio mandatario estadounidense.
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México alertó ayer de que la decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de sancionar la nueva legislación “representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto”.
MÉXICO ESTARÁ PENDIENTE DE CONNACIONALES
“El Gobierno de México utilizará todos los medios disponibles en apoyo de sus connacionales”, manifestó la Oficina de la Presidencia mexicana a través de un comunicado.
El viernes la Cancillería de este país dijo, incluso, que se planteará la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes.
Para el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Mario Canahuati, la normativa promulgada “pisotea” los derechos de los inmigrantes.
“Nos están pisoteando, están abusando de nuestra gente”, dijo este sábado Canahuati, quien subrayó que “hay que ver de qué manera se baja ese impacto, que sin duda alguna va a perjudicar a una cantidad enorme de centroamericanos, particularmente hondureños”.
Por su parte el Ejecutivo guatemalteco expresó en un comunicado su “profunda preocupación por la ley recién aprobada y consideró que ésta “amenaza las nociones básicas de justicia”.
“El Gobierno de Guatemala lamenta que esta normativa haya sido aprobada y coincide con el presidente estadounidense Barack Obama, (que calificó la disposición legal como “mal encaminada”) en que este tipo de leyes amenazan las nociones básicas de justicia”, según el documento oficial.
También el canciller salvadoreño Hugo Martínez manifestó su temor porque la ley desate “una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en los Estados Unidos”.
Poco antes de que Jan Brewer promulgara la ley, Martínez indicó que El Salvador expresaría su preocupación “en los espacios de diálogo” que mantiene con el Gobierno federal de Estados Unidos.
Su ministerio alertó en un comunicado que la ley podría derivar en la discriminación de los inmigrantes a raíz de su aspecto físico u origen étnico”.
Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, después de que fuera construido hace más de dos décadas un muro en la zona de California. En ese Estado viven más de 1.8 millones de hispanos (el 29 por ciento de su población), entre ellos unos 420,000 inmigrantes sin papeles.
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