El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, apoyado por el Gobierno para ser reelecto en su cargo, desvió 5.9 millones de córdobas en el 2008 que se presupuestaron para la compra de la tinta indeleble.
El fin del dinero aún se desconoce ante la falta de explicación de las autoridades electorales.
La tinta se compró a Fivamex S.A. de CV, una empresa mexicana con experiencia en el ramo, de acuerdo con documentación en poder de LA PRENSA.
El desvío de fondos se descubre después que Mario Chow Pérez y su abogado, Juan Parajón —los proveedores de la tinta en los comicios del fraude municipal en 2008— revelaron que el funcionario todavía no les paga ni un centavo por este servicio.
Ha transcurrido más de un año y medio después de la firma del contrato.
La adquisición de la tinta indeleble ocurrió sin pasar por un proceso de licitación en septiembre del 2008, confirman documentos internos.
Si eso pasó fue porque Rivas pidió a la Contraloría General de la República (CGR) que lo eximieran de la licitación.
En total, la empresa de Chow Pérez compró 26 mil envases tipo roll-on con 60 milímetros de líquido indeleble que se planificó que serían distribuidos a razón de dos en las 13 mil juntas receptoras de votos a nivel nacional.
GENEROSO CON CONTRATO QUE NO PAGARÍA
Éste fue un contrato generoso que al momento de su firma dejaba ganancias a la empresa proveedora nacional de casi el 400 por ciento. La compañía de Chow Pérez compró la tinta en México a un precio de 80 mil dólares.
La Empresa Comercializadora del Pacífico S.A. (Ecompsa), como se llama la sociedad de este empresario, es conocida desde hace años en el CSE, pues también suministró la tinta en las elecciones presidenciales, en las que triunfó el ahora presidente Daniel Ortega.
La nueva revelación surge semanas después que el magistrado electoral, enredado en el desorden administrativo de su institución, explicó que supuestamente usó (contra lo aprobado en la CGR) otros 5.2 millones de córdobas para “capacitación y verificación ciudadana” en los comicios regionales celebrados en el Caribe nicaragüense el 7 de marzo pasado.
El ex contralor sandinista Agustín Jarquín Anaya, aliado del Gobierno en el parlamento, calificó en su momento ese desvío como “malversación de fondos”.
Según la carta de Montenegro, sólo en boletas electorales estaba previsto el gasto de 10 millones 625 mil córdobas para alcaldes y vicealcaldes, y otro número igual para miembros de concejos municipales, se lee en la documentación.
También estaba el material auxiliar, entre éste los 26 mil frascos de tinta, valorados en 5 millones 200 mil córdobas. Con el IVA, según la factura de Ecompsa, el precio subió a 5 millones 980 mil córdobas cobrados, el dinero que aún Rivas no les paga.
Para pagarle a la empresa Fivamex debieron hacer transferencias de dinero al banco JP Morgan en New York, Estados Unidos, giradas desde el Banpro en Altamira (27 de septiembre de 2008).
De acuerdo con el acta de entrega de la empresa de Chow Pérez, el CSE recibió la tinta el 5 de octubre de 2008, consta en el documento en poder de LA PRENSA. Según él, no se pagaron impuestos por gestiones de Bertha de la Peña, asistente de Rivas, quien se encargó de eso. La empresa giró una factura al CSE desde el 28 de noviembre de 2008, con atención a María Angélica Cano. Fue la número 214.
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El magistrado expuso ante la CGR que ocupó el dinero en esos rubros y no en compra de material electoral, porque supuestamente tenía en bodega. También dijo que había cometido un “error de cálculo” en el costo de las boletas electorales, cuya elaboración finalmente cedió a Inversiones Papeleras S.A. (Inpasa), ligada supuestamente a la familia presidencial.
Para el ex viceministro de Finanzas, René Vallecillo, además de malversación “se está violando la ley. Estás utilizando el dinero en gastos que no están aprobados en el Presupuesto General de la República. Viola la ley de administración financiera y presupuestaria y la ley anual de presupuesto”.
La malversación de fondos públicos está contemplada en el artículo 452 del Código Penal como el delito en que los funcionarios dan un destino diferente al señalado por la ley “para los caudales públicos, bienes muebles e inmuebles, dinero o valores pertenecientes a cualquier administración pública”.
TINTA NO AGUANTABA MÁS DE UN AÑO
Otro punto interesante a analizar fue el contrato. Luego de una revisión exhaustiva del documento suscrito entre Fivamex y Ecompsa, queda claro que Rivas violó el contrato firmado en los primeros días de la segunda quincena de septiembre de 2008.
El contrato indica que la vida útil de la tinta era a lo sumo un año si se mantenía a una temperatura de 20 grados centígrados. Pero además se estipuló que la tinta sólo la podían usar en “la jornada electoral del 9 de noviembre” (cláusula número tres).
El pasado 7 de marzo sin embargo, los proveedores de la tinta se dieron cuenta que ese producto sirvió también para los comicios regionales del Caribe, casi año y medio después de la fabricación. El producto para entonces estaba vencido.
Lo más extraño sin embargo es que las autoridades electorales en un informe sobre las necesidades para los comicios regionales (en nuestro poder), dijeron tener en sus bodegas únicamente dos mil frascos de tinta indeleble, lo que deja en el aire la mayor cantidad del producto adquirido.
¿DEJARON PERDER EL MATERIAL?
Chow Pérez y su equipo recordaron, tal como nos habían dichos fuentes del CSE, que en las elecciones municipales del 2008 se planificó colocar dos frascos de tinta por cada Junta Receptora de Votos (JRV).
Al final únicamente se colocó uno, lo que deja un sobrante de 13 mil frascos de tinta. Del resto, una parte se consumió en las elecciones municipales de siete municipios en la Región Autónoma del Atlántico Norte, que se dieron el 18 de enero por problemas internos, y las otras fueron utilizadas en las regionales, celebradas el primer domingo de marzo cada cuatro años desde 1990.
Las preguntas saltan a la vista: ¿Qué pasó con la mayoría de la tinta embodegada?, ¿la dejaron perder, tiraron el dinero?, ¿por qué el CSE compró esa cantidad en un inicio y por qué la usó nuevamente, a pesar que es un material tóxico y ya estaba vencido?
VOCERO DE AGITADOR
Desde principios de semana, LA PRENSA ha llamado a su celular a Félix Navarrete, vocero del CSE, pero se ha callado. Siempre cae el buzón de mensajes y no está respondiéndolos. Su ausencia coincide con la salida a las calles de las turbas y sectores afines a la Administración Ortega, nutrida con la presencia de empleados públicos.
Precisamente, en medio de los jóvenes con rostros tapados que lanzaron morterazos este jueves a la sede del parlamento, apareció ayer Navarrete, vestido de camiseta amarilla y jeans. Se mantuvo alejado de los medios de comunicación independientes y fue resguardado por simpatizantes sandinistas.
Estos grupos respaldan desde hace tres días la reelección del presidente Ortega y de una lista de 25 funcionarios propuestos por él, entre ellos el jefe de Navarrete, Rivas. Pero también han boicoteado la reuniones de la oposición y destruido un vehículo de Canal 12.
Aunque no hay explicación oficial aún, Chow Pérez quiere deslindar cualquier señalamiento por la tinta vencida. “No es responsabilidad de nosotros (que se haya borrado). Ocuparon la misma, eso se puede ver en un vídeo que hicieron ustedes de LA PRENSA. Se le compró para las elecciones municipales, iba a ser en ese período y una parte se pospuso por los problemas que hubo en la Costa. La tinta tenía un período de caducidad de seis meses y hasta un año”, explicó Chow Pérez.
El empresario añadió que Rivas le debe también otros servicios que le ha pagado a “pellizcos”, pero se negó a revelar el monto.
Hasta hoy, este ingeniero de profesión era conocido únicamente como un mecánico que fue amenazado en el 2009 por el magistrado liberal suplente del CSE, Julio Osuna.
LA PRENSA logró contactarlo el 18 de marzo pasado cuando su empresa apareció mencionada en la lista de contrataciones que el CSE hizo en las elecciones del 2008. Entonces no quiso hablar.
El caso de Chow Pérez ya se está ventilando en los tribunales. En el expediente número 004064-ORM1-20120-CV, el empresario citó el 17 de marzo pasado a Bertha de la Peña, la asistente del magistrado Rivas, para absolución de posiciones. Lo ignoró.
En ese mismo mes, desfilaron también dos altos cargos administrativos del CSE, Mauricio Fernández Mayorga, director financiero del edificio Las Palmas del tribunal electoral, y su jefa, la directora financiera general, María Angélica Cano.
“Siempre argumentan que no hay dinero. Nunca hay dinero, entonces no sé en qué se va todo ese dinero, porque la Asamblea Nacional le ha asignado bastante presupuesto”, se quejó Chow Pérez.
Parajón, el abogado, prosiguió: “Ellos (la administración del CSE) se han burlado de nosotros. Nos llaman a reuniones y hasta ahí nomás. Tenemos tres años de estar quebrando. Desde hace años le hemos dado servicios de diferente tipo. No sabemos los obstáculos reales del CSE para honrar sus deudas. No sólo con estas empresas tienen deuda. Hay varias más”.
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