Mientras un grupo de abogados democráticos anunció que hoy ampliarán la denuncia efectuada ante la Fiscalía en contra de los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, introducida por varios delitos entre los que destaca usurpación de funciones, abogados orteguistas introdujeron ayer una acusación ante los tribunales en contra de varios magistrados liberales, por delitos en contra de la administración de justicia.
De esta manera, Centeno ocupa el lugar que antes tuvo el magistrado liberal Dámisis Sirias, quien fungía como presidente de esa sala. A Sirias se le venció su período como magistrado judicial el pasado 11 de abril.
Centeno explicó que como el ex magistrado Sirias está retirado de la Corte, la Sala de lo Contencioso Administrativo no podía estar acéfala, y le correspondió a ella sustituirlo por ser la tercera vocal del Poder Judicial. A su vez, la magistrada Centeno es la que tiene más antigüedad dentro de la sala.
Centeno obtuvo el apoyo de los magistrados liberales Gabriel Rivera y Sergio Cuarezma, así como de la sandinista Juana Méndez.
La magistrada Centeno también aclaró que para los magistrados sandinistas, Sirias sigue siendo magistrado.
“Para nosotros (Sirias) sigue siendo magistrado, pero no llega. La sala no puede estar acéfala”, explicó Centeno.
Debido a un convenio político entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el nuevo presidente de la Sala debía ser un liberal.
El magistrado Rivera explicó que aceptaron que quien asumiera esa sala fuera una magistrada sandinista “porque la sala tiene que funcionar, esa sala es legítima, hay que entenderlo”.
Pero Rivera aseguró que la magistrada Centeno nunca se refirió a que el magistrado Sirias había abandonado el cargo, “sino que se le venció su período”.
“(Centeno) no dijo por qué Sirias abandonó, ella reconoce; no dijo que Sirias abandonó, sino que se le venció su período”, reiteró Rivera.
“No es asunto de abandono, simplemente (Sirias) no ha llegado, él no está”, replicó la magistrada Centeno, tras señalar que esa sala debe realizar su trabajo. De esa manera ayer firmaron actas y para el próximo jueves citarán para tres audiencias de mediación.
La magistrada Centeno será presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo hasta el próximo 14 de junio de 2010, fecha en que termina el período de un año iniciado el 15 de junio de 2009 y en el cual había sido electo el ex magistrado Sirias.
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El abogado Félix Icaza recordó que ambos ex magistrados ya fueron denunciados por otros delitos, entre los que sobresale también el de terrorismo; hoy lo harán por exposición de personas al peligro, daños físicos y psicológicos, entre otros, tras los incidentes protagonizados entre el martes y miércoles.
Icaza dijo que ambos ex funcionarios del Poder Judicial jefeaban “a ese grupo de vándalos”, que causaron el caos en la capital.
Además de causar daños a la propiedad privada —dijo Icaza— “lo más grave (fue que) atentaron contra la seguridad, contra los derechos humanos de las personas que estaban allí”.
TAMBIÉN CONTRA OTRO MAGISTRADO DEL ORTEGUISMO
En esta ampliación los abogados democráticos incluirán entre los denunciados, al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Gerardo Rodríguez, por haber participado en estos incidentes y debe responder por esos delitos.
En caso que la Fiscalía desestime la denuncia, Icaza aseguró que el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, “se convertiría también en cómplice al igual que la Policía”. Y apuntó que por tratarse de delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben, y aunque los políticos lleguen a acuerdos, ellos le darán curso a la denuncia, incluso recurriendo ante organismos internacionales.
Otra de las instancias que también recurrirán será ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, para que sean investigados, pues independientemente que cesaron en sus cargos como magistrados, son abogados y la ley contempla sanciones para abogados y funcionarios de ese Poder del Estado, que incurran en actos de alteración al orden público.
La abogada Glenda Orozco expresó que con su denuncia lo que pretenden es que se apliquen las leyes, porque ex magistrados y funcionarios actuales “actuaron como vándalos”, durante los incidentes del martes y miércoles .
“Si salieron como pandilleros, como terroristas a buscar cómo dañar la propiedad privada, son delitos de orden público”, expresó Orozco, quien consideró que son hechos que de oficio debió investigar la Policía.
ABOGADOS SE SIENTEN AMENAZADOS POR EX MAGISTRADOS
Los abogados además denunciaron que se sienten amenazados por los dos ex magistrados, que han vertido declaraciones a los medios de comunicación en contra de ellos. Y recordaron que ya existen antecedentes de procesos que les han abierto tras denunciar el modelo de despacho judicial, y con el cual recordó Orozco, la CSJ fue favorecida con 15 millones de dólares por parte de Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Desde entonces nos convertimos en enemigos del Poder Judicial (…) y nos quieren descalificar”, aseguró Orozco, tras recordar que ya “nos montaron cuatro procesos con artimañas”.
Y además que como conocedores del derecho, les pueden decir a Solís y a Cuadra que “se les venció su período, ya no tienen que estar allí (…) es tan sencillo como la factura que te llega de teléfono o de luz: dice período del 20 febrero al 20 de marzo. Eso es sencillo, tenés ese plazo para pagar tu factura, no la pagaste, se te venció, te la llegan a cortar la luz o el agua. Si ellos saben que se les venció su período tienen que abandonar el cargo”, indicó Orozco.
Lulio Marenco manifestó, por su parte, que solicitaron ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional que extienda una constancia que confirme que Solís y Cuadra ya no son magistrados, por tanto ya no tienen inmunidad.
“Estamos poniendo a prueba al Ministerio Público. Si el doctor (Julio) Centeno se deja doblar el brazo por el doctor Solís y doctor Armengol, nosotros vamos a interponer esa querella personalmente como ciudadanos y abogados”, dijo Marenco.
Según Marenco, los ex magistrados reaccionaron a la denuncia diciendo que hay quejas en contra de ellos y que están suspendidos. “No hemos sido suspendidos, ni hemos tenido quejas, ellos quieren amilanarnos, doblegarnos, avasallarnos, humillarnos, descalificarnos totalmente”, dijo Marenco.
El abogado añadió: “No somos como ciertos magistrados que andan como buhoneros (…) hay magistrados que se van donde los clientes a ofrecerles las sentencias, no somos así, somos abogados honestos y honrados”.
ACUSAN EN LOS JUZGADOS
Mientras tanto, miembros de la Asociación de Abogados Litigantes presentaron ayer dos acusaciones en contra de los magistrados judiciales liberales Dámisis Sirias, Sergio Cuarezma Terán, Gabriel Rivera Zeledón y Antonio Alemán Lacayo en los juzgados de Managua, por delitos en contra de la administración de justicia del Estado de Nicaragua.
ACUSADOS POR DEFENDER INSTITUCIONALIDAD
El abogado orteguista, José Alejandro Canda, explicó que una de la acusaciones es sólo en contra del magistrado Dámisis Sirias, por los delitos de incumplimiento de deberes y abandono de funciones públicas, ya que se niega a continuar como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no acata el decreto 3-2010 del presidente Daniel Ortega, ni el segundo párrafo del artículo constitucional 201.
En tanto la abogada (también orteguista), Patricia Martínez Aguilar, indicó que la otra acusación es en contra de los magistrados Rivera, Alemán y Cuarezma, por los delitos de denegación de justicia, retardo malicioso, discriminación, abuso de autoridad o funciones, obstrucción de funciones, incumplimiento de deberes, abandono de funciones públicas y asociación para delinquir.
Esta segunda acusación, explicó Martínez, se debe a que los magistrados liberales se oponen a que los abogados del orteguismo, Rafael Solís y Armengol Cuadra, asuman sus cargos como magistrados judiciales y boicotean las audiencias en que éstos participan dentro de las diferentes salas de la CSJ.
La acusación en contra del magistrado Sirias ingresó en el Juzgado Octavo Local Penal de Managua, a cargo del juez orteguista, Celso Urbina, el mismo que condenó a LA PRENSA en el caso de los CPC, y al activista del MRS, Alberto Boschi.
Mientras que la otra acusación fue radicada en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, a cargo de la también juez orteguista, Alia Dominga Ampié, la misma que condenó al comandante Henry Ruiz en el caso de la Fundación Augusto César Sandino (FACS).
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