La gobernabilidad en Nicaragua podría alcanzar esta semana su punto más oscuro, si en el parlamento se impone una orden de magistrados y ex magistrados judiciales sandinistas que llamaron a suspender el trámite de una ley que derogaría el decreto presidencial 03-2010, lo cual reforzaría la tesis de que existe un Estado de facto.
El diputado ante el Parlamento Centroamericano, Eliseo Núñez Morales, así como el legislador por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Francisco Aguirre Sacasa, y el experto en derecho constitucional, Omar García, coincidieron en que el país está regido por un poder de facto, alejado del Estado de Derecho.
Mientras el presidente Daniel Ortega ha legislado por decreto en los últimos dos años y desde febrero la Contraloría General de la República quedó al mando de ex funcionarios aferrados al decreto 03-2010, la semana pasada el Poder Judicial terminó sometido a la voluntad de un magistrado de facto.
“Te he hablado de un Estado fracasado y creo que nuestro país ha estado deslizándose hacia esa posición: un Estado de facto, un Estado fracasado, llamalo como querás, pero políticamente Daniel Ortega ya cruzó el Rubicón, desde el nueve de enero, cuando sacó el decreto 03-2010, y ha demostrado que no fue accidental”, valoró ayer el ex canciller Aguirre Sacasa.
Para el legislador por el PLC, el presidente Ortega tiene el firme propósito de lograr su reelección, por la vía legal o inconstitucionalmente.
En octubre seis magistrados judiciales sandinistas reformaron de hecho la Constitución y dijeron que es admitida la reelección presidencial sucesiva.
En abril los sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra finalizaron sus cinco años como magistrados, pero siguen ejerciendo sus funciones bajo el alegato de que el decreto presidencial 03-2010 los ampara.
El mismo argumento mantienen varios ex contralores para seguir al frente de la “fiscalización” de los fondos públicos.
El presidente Ortega, además, ha legislado por decreto, ha evitado la ratificación de sus ministros ante el parlamento y no ha rendido su informe anual ante los diputados, como lo ordena la Constitución.
- El experto en derecho constitucional, Omar García, expresó que el Poder Ejecutivo manipula la redacción de la Constitución.
Los grandes perdedores somos los ciudadanos, sobre todo cuando no podemos acceder a una institución porque existe una parálisis, añadió.
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“Estoy absolutamente seguro de que el Estado de Nicaragua es un Estado de facto. Básicamente hemos pasado del Estado fallido, que fue el estrato anterior. Ahora hay una concentración de poder en una sola persona y nos enfrentamos a una dictadura que fue construida bajo las reglas de la democracia”, dijo Núñez Morales.
El presidente Ortega y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han defendido todas las acciones del Poder Ejecutivo, así como la permanencia de los ex funcionarios en la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República.
Los alegatos del oficialismo descansan en el decreto presidencial 03-2010 y el resucitado y transitorio segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987.
Pero los opositores no comparten esa visión y más bien se refieren a la imposición de un Estado de facto.
“Aquí hubo una ruptura del orden constitucional, no es que se va a dar, sino que ya se dio (…); el más grande radical es el presidente Daniel (Ortega), quien ahora tiene un discurso menos violento, pero su actuar es lo que provoca esta crisis”, manifestó Aguirre Sacasa, para quien los cooperantes internacionales podrían empezar a demandar el respeto a la gobernabilidad.
Por su parte, Núñez Morales criticó a la Policía Nacional.
“La Policía Nacional está haciendo caso omiso a su primera función, que es ante la Constitución, y se está yendo al segundo escalafón de mando, que es el Presidente. Pero el Presidente manda a la Policía mientras esté cumpliendo con las leyes constitucionales del país. En el momento en que se pone al margen el Presidente, la Policía no tiene obligación de seguir teniendo obediencia para con él”, afirmó Núñez Morales.
QUE SE RETIREN
El vocero de la curia arzobispal de Managua, padre Rolando Álvarez, opinó que los ex magistrados judiciales sandinistas de la CSJ, Solís y Cuadra, deben cesar en sus funciones y esperar a que la Asamblea Nacional elija a los nuevos funcionarios que ocuparán esos cargos, porque eso es “lo correcto”.
“Cuando un período de cualquier funcionario público se vence, según la ley, como decimos los nicaragüenses no hay que buscarle cinco pies al gato, lo correcto es que ese funcionario se retire y espere a que según los procedimientos normales y constitucionales se nombre a los nuevos personajes que van a ocupar ese cargo público”, expresó el sacerdote.
Sobre la forma en que Solís y Cuadra pretenden continuar de forma ilegal como magistrados judiciales, apoyados según ellos en un decreto presidencial inconstitucional y en un fenecido párrafo constitucional, el padre Álvarez indicó que esos argumentos son “leguleyadas” y “falta de sentido común”.
“Cuando, por supuesto, se quieren enredar las cosas se busca cualquier tipo de argumentación leguleya para justificar las acciones, más que de ilegalidades, de falta de sentido común”, afirmó el cura.
Durante la semana pasada la Corte Suprema se convirtió en un campo de batalla entre magistrados liberales y sandinistas, ya que se les vencieron los períodos como magistrados a Solís y a Cuadra, quienes no quieren dejar el cargo, mientras los liberales les exigen que desocupen sus oficinas en el Poder Judicial.
El padre Álvarez recordó que precisamente durante los últimos cuatro años los obispos de Nicaragua han insistido en que el Poder Judicial es de lo más negativo en imagen ante la población nicaragüense, y así lo confirman estudios serios que ha tenido en sus manos el clérigo de la Iglesia católica.
“En Nicaragua se ha llegado a un extremo en el que pareciera que no hay interés de guardar la institucionalidad, como si hay una especie de política para mantener la inestabilidad, que posibilite cualquier tipo de componenda que siempre beneficia a unos pocos y sale perjudicada la mayoría de la población”, considera el padre Álvarez.
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