“Me siento desgraciado en mi orgullo personal por pertenecer a una institución que no es lo que uno sueña como abogado”, fueron las palabras con que el presidente del Poder Judicial, magistrado liberal Manuel Martínez, se pronunció ayer sobre la crisis que padece la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Mi orgullo se siente desbaratado por estar integrando un cuerpo de colegiados que no es lo que yo soñé que era”, agregó Martínez.
“Eso es bochornoso, usted ponga todo lo que quiera (en el periódico), lo que yo le diga es babosada”, dijo Martínez específicamente sobre los hechos de este viernes, cuando turbas del gobernante Frente Sandinista (FSLN) se tomaron la Corte provocando que los magistrados liberales evitaran llegar a sus oficinas, lo que fue aprovechado por los magistrados orteguistas para emitir tres sentencias ordenando a la Asamblea Nacional no dar trámite a un proyecto de ley para anular un ilegal decreto del presidente Daniel Ortega.
“Eso es un golpe de Estado, ponele nombre vos, voy a ver qué hago para enderezar esas cosas mal hechas”, dijo el magistrado Martínez, quien el viernes no llegó a la Corte para “no enfrentarme con nadie”.
Según Martínez, todavía no hay indicios de que el conflicto se resuelva.
“Qué viso de solución va a haber ahora más que nunca, que han manoseado hasta la Asamblea, prohibiéndole que legisle, o que cumpla con sus funciones. No hay posibilidad de solución en eso”, advirtió Martínez.
- Terrorismo de Estado. Así calificó la Unión Nicaragüense Americana (UNA), en Miami, a las acciones de caos e ilegalidad que promueven en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua los ex magistrados orteguistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, al pretender perpetuarse en sus antiguos cargos violentando la Constitución a través del decreto presidencial 03-2010, promulgado por el gobierno de Daniel Ortega.
Esperanza Cuevas, directiva de la UNA, dijo que el gobierno de Ortega muestra desesperación con sus acciones. “La última aberración jurídica es tratar de revivir el artículo 201 de la Constitución de 1987, que fue de carácter transitorio; pienso que ni ellos se creen ese argumento, porque va contra toda lógica”, comentó.
[/doap_box][doap_box title=”Serán denunciados” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
[/doap_box]
“SALVAJES, BÁRBAROS”
Sobre la forma en que la semana pasada condujeron el Poder Judicial los magistrados sandinistas, especialmente los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, Martínez comentó que ésos merecen “los peores epítetos, a esos salvajes, a esos bárbaros, que de lo que menos tienen es de gente de derecho”.
Solís y Cuadra anunciaron que seguirán como magistrados de la CSJ, quieran o no los liberales, y que seguirán fungiendo como vicepresidente del Poder Judicial y presidente de la Sala Penal respectivamente, a pesar de que sus períodos ya vencieron.
Cuadra anunció que asistirá a la Sala Civil como magistrado, aunque su presidente, el magistrado liberal Antonio Alemán, no lo invite a las sesiones.
Solís y Cuadra dijeron que también seguirán firmando sentencias, porque de acuerdo con el decreto del presidente Daniel Ortega y el segundo párrafo del artículo constitucional 201, todavía son magistrados.
Los ex magistrados orteguistas se sienten acuerpados por los 36 sindicatos sandinistas que existen dentro del Poder Judicial.
Ángela Rosa Acevedo, la diputada constituyente sandinista que en 1987 propuso el segundo párrafo del artículo 201, sobre el cual se basan hoy los sandinistas para decir que se mantengan en sus cargos todos los funcionarios con períodos vencidos, señaló que si no ha habido una derogación expresa del mismo, todavía está vigente.
Acevedo, quien declaró que siempre es sandinista, dijo que en las reformas a la Constitución de 1987 se debió derogar ese párrafo, pero si no se hizo todavía se pueden revivir los efectos del mismo.
NO PUEDEN DETENER LEY
Los diputados Oscar Moncada, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), desconocieron ayer la legalidad del documento firmado por magistrados y ex magistrados judiciales sandinistas que ordenaron al parlamento detener el trámite a una ley que derogaría el decreto presidencial 03-2010, que prorroga en sus cargos a 23 funcionarios de Estado.
Los legisladores Moncada y Montealegre recordaron que el proceso de formación de la ley no se puede detener, según quedó establecido en la Ley de Amparo hace dos años, cuando en el parlamento también se pretendió impedir una reforma a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.
Moncada, primer vicepresidente del parlamento, advirtió que de frenarse el trámite a la ley, la oposición mantendría en parálisis la Asamblea Nacional.
“Si tenemos los 47 votos y el presidente (René) Núñez comete el abuso de pararlo, paralizamos la Asamblea Nacional. Estamos claros de que no podés torpedear, no podés parar el proceso de la ley. Es perfectamente legal lo que vamos a hacer”, dijo Moncada.
Núñez indicó el viernes por la tarde que todavía no había recibido la solicitud de los magistrados y ex magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo cual no emitió ningún comentario.
Montealegre sí se mostró seguro de que la oposición tiene los votos para tramitar la ley contra el decretazo o para tomar el control del parlamento.
“Nosotros en la Asamblea Nacional tenemos cuatro diputados firmes en la junta directiva y más de 47 votos en el plenario. Hemos coincidido en que vamos a luchar de manera pacífica y dentro del marco legal y constitucional, para defender el Estado de Derecho y la independencia de la Asamblea Nacional”, manifestó Montealegre.
El legislador demandó a Núñez hacer respetar las leyes y no suspender el trámite a la ley contra el decreto presidencial 03-2010, que el martes está supuesto a pasar a la Comisión de Justicia.
Además, Montealegre señaló que internacionalmente Nicaragua podría perder mucho ante los organismos financieros, debido a las acciones que han tomado los ex magistrados judiciales.
“Creo que el FMI, el BID y el Banco Mundial no ven con buenos ojos el deterioro institucional en Nicaragua. De seguir así como estamos, con base en mi experiencia como ex Ministro de Hacienda, creo que pronto vendrán cuestionamientos y presiones para que se solucione esta crisis institucional, causada por los deseos continuistas del presidente (Daniel) Ortega. Y de no resolverse pronto estas presiones, acabarán en el congelamiento de desembolsos; y al final quienes pagarán los platos rotos de esta crisis serán los más pobres y necesitados de Nicaragua”, advirtió Montealegre.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,5 A
