Diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) coincidieron ayer en que el proyecto de ley contra el decretazo no puede suspenderse, sino que debe ser enviado a la Comisión de Justicia, como lo decidió la semana pasada la Junta Directiva.
El primer secretario de la junta directiva, Wilfredo Navarro (PLC), sostuvo que el parlamento no acatará lo ordenado por “delincuentes y turberos”, al referirse a Rafael Solís, quien se aferró a su cargo de magistrado judicial pese a que ya cumplió cinco años en el puesto.
LA PRENSA publica hoy íntegramente el origen de ese segundo párrafo, que fue mocionado a última hora por la entonces diputada sandinista Ángela Rosa Acevedo:
Gracias compañero presidente (Carlos Núñez). Voy a hacer la propuesta siguiente, para que sea un segundo párrafo de este artículo (201), dado que estamos dejando aquí la vigencia de los poderes electos en las elecciones del 84, sin duda falta un complemento de los otros dos poderes que son la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral, y voy a hacer la siguiente moción que pretende complementar el artículo 201: Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, así como las demás autoridades y funcionarios de los distintos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no sean electos o nombrados quienes deban sustituirlos, de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, este artículo lo propongo en complemento de los dos poderes electos y estos que son los dos poderes en elección indirecta, dijo textualmente Acevedo, según consta en el diario debate.
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Serrano Caldera, sostuvo la semana pasada que ese segundo párrafo transitorio del artículo 201 se autoderogó en 1990.
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“La Asamblea no se va a prestar al juego de lo que se ha convertido la Corte, una cueva de pandilleros y turberos (…) el presidente (del parlamento, René Núñez) no puede volverse cómplice de las sinvergüenzadas de los que están usurpando cargos”, indicó Navarro.
Núñez, en una breve entrevista telefónica, dijo ayer que no había recibido ningún comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidiéndole que suspenda el trámite a la ley contra el decreto 03-2010, con el cual el presidente Daniel Ortega prorrogó ilegalmente en sus cargos a 23 funcionarios de Estado.
En tanto, el ex tercer secretario de la directiva legislativa, Javier Vallejo (BDN), recordó que hace dos años se reformó la Ley de Amparo, que prohíbe suspender el proceso de formación de la ley, como ahora lo está exigiendo el ex magistrado Solís.
“Él (Núñez) no tiene la facultad para tomar esa decisión (suspender trámite a una ley). En todo caso sería el cuerpo colegiado de la directiva, que por mayoría estoy seguro rechazaría esa propuesta de los ex magistrados, que es una locura lo que recomiendan esos dos abogados que se creen magistrados”, manifestó Vallejo al referirse a Solís y Armengol Cuadra.
Además, el segundo vicepresidente de la junta directiva del parlamento, Carlos García (ALN), advirtió que de no tramitarse la ley contra el decreto 03-2010, no habrá sesiones.
“La ley va a pasar a Comisión, eso tené la plena seguridad”, sentenció García.
NÚÑEZ ADVERTIDO
Por otro lado, Navarro dijo que si Núñez acata la ilegal solicitud del ex magistrado Solís, enfrentaría las sanciones que estipula la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, incluyendo una posible destitución.
Sin embargo, tanto Navarro como García aclararon que la posibilidad de remover a Núñez de su cargo no se ha discutido entre PLC, ALN y BDN.
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