La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mirna Liévano, advirtió ayer que por el momento no van a canalizar más fondos para financiar principalmente a las pequeñas y medianas empresas, hasta que estén seguros del impacto real que va a tener la Ley de Moratoria en el sistema financiero nacional.
Liévano señaló que, si bien es cierto la polémica ley fue aprobada en consenso por casi todos los diputados de las distintas bancadas políticas de la Asamblea Nacional, ellos no consideran que ésta sea “adecuada” para el país.
“Los recursos que ya están colocados ahí están, y estamos analizando cuál es el impacto que se tiene. El punto es que no canalizaremos ningún recurso si se siente que corremos, digamos, alguna dificultad con esas disposiciones (de la Ley de Moratoria), pero lo más importante es ver hacia delante, la ley es un hecho, ahí está”, expresó.
La Ley de Moratoria fue aprobada a finales de febrero pasado por 87 diputados de los 91 que conforman el Poder Legislativo.
Ésta ordena, entre otras cosas, suspender los embargos y juicios de los productores y comerciantes en mora al 30 de junio del 2009.
La ley también da un plazo de 120 días para que los morosos y las microfinancieras se sienten a revisar y reestructurar las deudas con una tasa de interés de un 16 por ciento.
En total, los 10 mil morosos que integran el polémico movimiento conocido como los No Pago adeudan cerca de 35 millones de dólares, situación que ha provocado el endurecimiento del crédito para el sector productivo nacional.
El movimiento es liderado por el ex alcalde sandinista de Jalapa, Omar Vílchez, y el ex aspirante a la alcaldía de Ocotal, José Andrés Urbina Castillo, quien adeuda millones de córdobas a las microfinancieras.
Aunque Liévano no precisó la línea de crédito que tenía previsto el BID para financiar este año a las pymes, indicó que parte de esa liquidez está contemplada en los 20 millones de dólares que serán transferidos al Banco Produzcamos, que entrará a operar el próximo 19 de abril, sin ninguna ceremonia oficial.
“De los 20 millones de dólares que estábamos hablando hay una porción al sector de las microempresas. Mientras no se defina cuál es el impacto que puede haber, esos recursos están temporalmente detenidos”, expresó Liévano.
“Cuando estos fondos vayan para el sector productivo y que no sea microempresa, no hay problema”, añadió.
BID PIDE REGLAS CLARAS
Tal es la incertidumbre del BID, que Liévano señaló que como organismo financiero internacional piden que se apruebe una ley “que establezca y dé ciertas garantías y reglas del juego muy claras. Para nosotros es muy importante que haya este tipo de legislación”.
Desde hace cinco años está pendiente en la Asamblea Nacional la aprobación de una ley para regular al sector de las microfinancieras, las que actualmente se rigen por la Ley de Préstamos entre Particulares.
Generalmente el BID canaliza créditos para las mipymes a través de su ventanilla de Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).
DURO GOLPE
Esta medida viene a golpear aún más a las pymes, que necesitan cerca de 50 millones de dólares en crédito para invertir en tecnología, infraestructura, capacitación y registros de calidad.
Además el sector aporta el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), calculado en más de seis mil millones de dólares.
Se estima que en Nicaragua existen cerca de 150 mil pymes, que requieren un crédito de 250 mil dólares cada una para poder ser competitivas en el mercado internacional.
Además del BID, también organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han externado su preocupación por dicha ley.
También algunos fondeadores internacionales han anunciado el recorte o congelación de sus líneas de créditos para Nicaragua por el orden de los 70 millones de dólares.
ESPERAN TRANSPARENCIA
La representante del BID también manifestó que esperan que los 20 millones de dólares que transferirá este organismo financiero multilateral al Produzcamos sean utilizados de forma transparente, es decir, que lleguen a productores sin fines políticos o partidarios.
Tras finalizar una reunión con directivos de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Liévano confirmó que están en gestión para que los 20 millones de dólares sean transferidos al Produzcamos, cuyo ejecutor inicialmente había sido el desaparecido Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI).
Se espera que ese proceso de cambio de ejecutor esté listo a más tardar en un mes, apuntó.
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