Bruselas/ Cables combinados
La senadora colombiana Piedad Córdoba acusó al Gobierno de Álvaro Uribe y a sus servicios de inteligencia de haber diseñado “un montaje” para vincularla a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y acabar con su carrera política.
Córdoba rechazó el pliego de cargos que la Procuraduría General colombiana anunció el martes en su contra por presuntos nexos con las FARC.
“Lo niego total y absolutamente. Yo no creo en eso. Eso es un montaje”, dijo Córdoba.
“Estoy totalmente convencida además de que fue escrito por personas de inteligencia, los intereses del ministro de la Defensa en ese momento, el general de la policía”, agregó.
Córdoba dijo que con la gira que realiza por Europa busca conseguir presión internacional “para que el Gobierno (de Uribe) acceda a una reunión con las FARC” que permita un intercambio humanitario en el país.
“Nunca he sido de las FARC”, aseguró Córdoba. “Que las financie yo y que yo sea quien tomó las decisiones de las inversiones en Europa tienen que estar locos”.
Córdoba vinculó los cargos en su contra con el escándalo que hay en Colombia por el espionaje ilegal de comunicaciones telefónicas de opositores, magistrados y periodistas desde una central de inteligencia.
Aseguró que se trata de “una estrategia política total, ha sido una manera ruin de acabar no solamente con la oposición, sino con la izquierda en Colombia”.
“Es muy incómodo estar sometido a esto, pero pienso también que hace parte de la política que se está dando en el país y que es una manera de sacarme de la política”, dijo.
La senadora dijo que va a “enfrentar el tema” cuando regrese a Colombia, pero comentó que comenzará a trabajar en el caso desde Europa y con un grupo de abogados que contrató.
Córdoba afirmó que acudirá para “defenderse” al proceso en su contra, que ve como una “oportunidad para que el mundo conozca lo que está pasando con quienes piensan distinto, con todos los objetores de conciencia y los defensores de los derechos humanos en Colombia”, afirmó.
Para formular sus acusaciones, la Procuraduría colombiana dijo fundarse en un “sinnúmero de documentos” hallados en los computadores portátiles incautados tras la muerte del ex número dos de las FARC Raúl Reyes en un ataque colombiano en marzo de 2008.
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