Por Eduardo Cruz y Octavio Enríquez
Un grupo especial de policías, que trabajaban de civil dedicados a combatir el tráfico de drogas y armas y que lo hacían coordinados con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), fue desarticulado por órdenes del presidente Daniel Ortega, confirmaron tres fuentes del Ministerio de Gobernación (Migob).
De acuerdo con una de las fuentes, Ortega alegó “intervencionismo político” por parte de Estados Unidos, para eliminar al grupo de entre 30 y 35 agentes investigadores que conformaban la Dirección Anticorrupción.
“No estoy al tanto de eso”, respondió el subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Carlos Palacios, cuando se le consultó sobre el tema. Y en otra llamada que se le hizo, reiteró: “No tengo información sobre eso”.
Sin embargo, otra fuente del Migob indicó que el comisionado Palacios sería quien ejecutó, por orientación de Ortega aprovechando que la primera comisionada Aminta Granera, se encuentra fuera del país.
La desaparición de este grupo policial supone un golpe a la institucionalidad de la Policía y afectará las relaciones con Estados Unidos, especialmente la ayuda que este país brinda al cuerpo policial.
La fuente anónima agregó que la movida puede ser una estrategia del presidente Ortega para que posteriormente el grupo policial se conforme de nuevo, pero con oficiales de la entera confianza del gobernante.
La misma fuente agregó que otro de los motivos por los cuales el presidente Ortega estaría eliminando al grupo policial sería por la capacidad que éste tiene para investigar actos de corrupción, y constituirían un peligro para la administración pública del mandatario.
Este grupo policial —recordó la fuente gubernamental— fue conformado durante los últimos días de la Administración del presidente Enrique Bolaños (2002-2007).
LOS TENÍA EN LA MIRA
El grupo policial desde hace tiempo está en la mira del presidente Ortega y esto quedó en evidencia en enero del año 2008 cuando el mandatario denunció que “altos jefes policiales reciben pagos de parte de la DEA”, lo cual —según dijo el mandatario en esa ocasión— habría provocado que muchos de ellos cayeran en desobediencia respecto a la primera comisionada Aminta Granera.
La decisión de eliminar a este grupo fue tomada desde el lunes, pero hasta ayer el comisionado Palacios los habría llamado para comunicarles que la Dirección de Anticorrupción ya no existe.
Hasta el momento todos los oficiales desconocen cuál será su destino dentro de la institución policial.
La Embajada de Estados Unidos, al ser consultada sobre el caso, sólo respondió a través de la oficina de prensa que “la Embajada de los Estados Unidos continúa trabajando de cerca con las distintas instancias de la Policía Nacional”.
LA PRENSA también consultó este caso con la Secretaría de Comunicación del Frente Sandinista (FSLN), que es la misma del Gobierno, pero un funcionario de la oficina sólo tomó nota de la solicitud y dijo que informaría a sus superiores sobre la misma. Hasta el cierre de esta edición todavía no se había recibido respuesta.
LA PRENSA también consultó con el viceministro de Gobernación, Carlos Nájar, pero a través de su asistente remitió a la oficina de prensa del Migob. La vocera policial, comisionada Vilma Reyes, se encontraba en reunión las veces que se le llamó ayer, según precisó una asistente.
En resumen, nadie quiso dar la cara sobre el tema.
IDÓNEOS
El grupo policial se conformó para que estuviese libre de corrupción y todos sus integrantes debieron pasar un proceso de selección riguroso, tanto que al inicio el grupo de aspirantes fue de 60 investigadores, pero sólo fueron escogidos 18.
Una de las normas es que nunca se diría en qué operaciones policiales actuaron, pero ahora se conoce que participaron en grandes incautaciones de droga, como la operación Nicarao, en la cual se ocuparon mil 330 kilos de coca y en el caso Frank Oviedo, en que se ocuparon 39 propiedades.
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