Tori Richards
SAN DIEGO/EE.UU./AFP
El gigante del automóvil japonés Toyota enfrentará mañana a sus adversarios en un tribunal federal en San Diego (California, oeste), donde se decidirá si miles de demandas en su contra por el caso de vehículos defectuosos pueden tratarse como una sola.
Un grupo de firmas de abogados de 20 estados de Estados Unidos, agrupados como Toyota Action Consortium, presentó una demanda para recuperar las pérdidas en el valor de reventa de los vehículos que han sido retirados del mercado por defectos en frenos y aceleración tras revelarse accidentes fatales o con heridos graves debido a esta falla técnica.
La sala jurisdiccional de San Diego tendrá que decidir si las miles de demandas contra Toyota pueden tratarse como una sola, en un caso que podría costarle al fabricante de automóviles japonés 40 mil millones de dólares, advirtió Tim Howard, profesor de derecho en la Universidad Northeastern, que lidera el grupo demandante.
Esta batalla legal se prevé la más importante en su tipo presentada contra un solo constructor de automóviles en Estados Unidos.
«Esta es la peor negligencia de la industria del automóvil desde sus inicios en los años 1890», dijo Howard. «Esto es como la destrucción de su reputación por parte de Tiger Woods», agregó el académico.
El fabricante de autos, que gozaba de un lugar privilegiado en las preferencias del mercado mundial, donde es el vendedor número uno, vio caer su fama de crear vehículos fiables y de calidad.
La grabación de un policía desesperado por detener su camino a la muerte manchó la reputación intachable de Toyota.
En febrero, el presidente de la Comisión de Vigilancia y Reforma de la Cámara de Representantes, Edolphus Towns, abrió una sesión para escuchar a los directivos de Toyota recordando aquel accidente ocurrido en agosto de 2009 en San Diego, California, en el que murieron un policía que conducía un Lexus, marca del grupo Toyota, y tres miembros de su familia.
La compañía nipona retiró del mercado cerca de 9 millones de vehículos en el mundo y seis millones en Estados Unidos desde el otoño boreal por problemas de aceleración involuntaria.
«Este es un problema en todas partes para Toyota», dijo Howard al afirmar que los cuestionados automóviles de esta marca han perdido mucho de su valor.
Además de una gran cantidad de demandas por el derrumbe del valor de los automóviles, los abogados del consorcio han añadido nuevos cargos de criminalidad organizada bajo una ley federal sancionada en 1970 para luchar contra la mafia.
En litigios civiles, la ley puede utilizarse contra una organización que conspire a conciencia para cometer fraude, y el consorcio alega que Toyota sabía que sus autos eran defectuosos, pero que los vendió de todos modos.
«Desde 2002, Toyota ha obtenido más de 600 mil millones de dólares en ganancias y 25 mil millones de dólares en beneficios operativos de sus operaciones en América del Norte», señala la demanda.
«Más que las otras automotoras que operan en Estados Unidos, estas ventas y beneficios se basaron en una reputación de calidad, confiabilidad y valor de reventa.
Pero esta reputación era una ilusión: en realidad, las ventas de Toyota en años recientes se basaban en un deliberado patrón de engañosas prácticas de comercio, fraude, rompimiento de garantías expresas e implícitas, y crimen organizado», agrega el texto.
Un portavoz de la sede de Toyota en Torrance, California, que no dio su nombre, dijo: «Nos negamos a hacer comentarios sobre litigios pendientes».
El panel de jueces federales que se ocupen del caso el jueves no determinará el mérito. En cambio, su papel será decidir si la creciente cantidad de casos pueden ser atendidos en una sola corte específica. Los jueces sólo darán su decisión una semana después, dijo Jeffrey Luthi, asistente del panel.
Los abogados alegarán que el defectuoso diseño del pedal comenzó en 2002 y que hasta el momento Toyota no ha hecho nada para arreglar el problema.
«Llegaremos al fondo del problema y a cómo solucionarlo», dijo Dennis Canty, un abogado de California que integra el Consorcio. «Ni Toyota ni la Agencia Nacional de Seguridad en el Tráfico de Caminos han sido capaces de hacerlo».
