Los diputados de la Asamblea Nacional introdujeron, en el más absoluto silencio, una iniciativa para reformar el Código Penal y permitir la interrupción de los embarazos en casos extremos, es decir para despenalizar el polémico aborto terapéutico.
La diputada del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, Mónica Baltodano, así como los liberales José Pallais y Luis Callejas, confirmaron ayer que la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional ya tiene la iniciativa de ley.
El aborto está penalizado en Nicaragua desde el 26 de octubre del año 2006
y se castiga con penas de uno a ocho años de prisión e inhabilitación a los médicos (de ejercer la profesión) hasta por diez años, según el Código Penal.
“La reforma plantea que no se constituye el delito de aborto cuando se interrumpe el embarazo para salvar la vida de la madre, siempre y cuando no pueda garantizarse médicamente, que es factible llevar el embarazo a término y preservar la vida de la mujer”, explicó el diputado Pallais.
La iniciativa cuenta con el respaldo de veinte diputados de tres bancadas.
Baltodano propuso que el tema se discuta públicamente sin “subordinarse” a intereses políticos o creencias religiosas.
“Los diputados liberales, renovadores sandinistas e independientes que firmamos, consideramos que es un asunto de conciencia, que estamos obligados a legislar sin subordinarnos a preceptos de carácter religioso, respetando el principio del estado laico, y no debería de morir una sola mujer más por razones de carácter religioso, que es lo que prevaleció (en el año 2006), y menos por politiquería”, sostuvo Baltodano.
Ningún diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) firmó la iniciativa de ley.
Las iglesias católica y evangélica lideraron a mediados de la década pasada una campaña de recolección de firmas en contra del aborto terapéutico.
En octubre de 2006, apenas una semana antes de las elecciones presidenciales, los diputados penalizaron el aborto.
Desde entonces diversas organizaciones han exigido la despenalización del aborto terapéutico.
Baltodano recordó que la iniciativa se introdujo el pasado martes, 16 de marzo, cuando la Asamblea Nacional celebró una Sesión Especial en ocasión del Día Internacional de la Mujer.
“Nosotras y nosotros hemos estado involucrados en empujar el objetivo quinto de los retos del milenio, que es disminuir la mortalidad materna y uno de los tantos factores de las muertes de mujeres están asociados al desarrollo de embarazos cuando las mujeres tienen complicaciones obstétricas, hipertensión, diabetes, embarazos ectópicos. Entonces, desde hace más de cien años estaba autorizada la interrupción mediante diagnóstico médico de tres facultativos y eso fue suprimido en el año 2006 por razones politiqueras, no había fundamentos de carácter jurídico, ni de derechos humanos que justificaran esa modificación del Código Penal”, añadió Baltodano.
Mientras, Pallais indicó que el proyecto de reforma establece que la interrupción de los embarazos deberá contar con el aval de tres facultativos.
En caso de que se descubra que el aborto terapéutico no era necesario y que los médicos falsificaron sus dictámenes, manifestó Pallais, las penas de cárcel serían de entre cuatro y 13 años.
“La interrupción del embarazo exige como condición que no exista otro procedimiento u otra posibilidad que permita garantizar ambas vidas. Si médicamente no es posible salvar ambas vidas, entonces el salvar la vida de la madre no constituirá delito y esto lo deberán certificar tres facultativos médicos”, dijo Pallais.
De acuerdo con un informe gubernamental que facilitó ayer la diputada Baltodano, en el año 2008 hubo 28 muertes clasificadas como obstétricas indirectas (producto de enfermedades existentes desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo). 13 de las 28 muertes pudieron haberse evitado en caso de que se hubiese realizado una “interrupción terapéutica del embarazo”.
El informe agrega que el 54 por ciento de las mujeres que presentó alguna patología, que se agravó con el embarazo, eran menores a los 24 años.
En tanto, el representante de la Bancada Democrática Nicaragüense y miembro de la Comisión de Salud y Seguridad Social, Luis Callejas, afirmó que la interrupción de los embarazos, cuando sea estrictamente necesario, debería ser una decisión de cada mujer.
“La decisión de una familia en un caso extremo es difícil, dolorosa y personal (…) hay que dejar algunos caminos abiertos y dejarle esa decisión a la familia y a la mujer. Y si la mujer quiere mantener el embarazo, a costa de su propia vida, hay que respetarle esa decisión”, dijo Callejas.
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