Por Lucydalia Baca C. y Arlen Cerda
A través de una auditoría técnica realizada a las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) el organismo cívico Ética y Transparencia (EyT) detectó irregularidades en la asignación de cuatro de los noventa escaños del Consejo Regional del Atlántico Sur.
El Ipade reiteró que hubo problemas críticos antes, durante y después del día de las votaciones, relacionados principalmente con la cedulación excluyente del CSE y la partidarización de ese proceso, la falta de transparencia con la verificación, el manejo de un padrón electoral deficiente, la inequitativa distribución de los segundos miembros de las mesas electorales y la manipulación de datos en los Centros de Cómputos Regionales.
Lo anterior expresa severos déficits y omisiones que alteran el proceso electoral que el actual CSE no ha logrado superar y que no permiten calificar estas elecciones regionales como justas, equitativas y transparentes, reclamó el Ipade.
El director ejecutivo de ese Instituto, Mauricio Zúñiga, agregó que por esas limitaciones y omisiones señaladas estas elecciones, si bien no fueron fraudulentas en sus resultados generales, no podemos afirmar que fueron transparentes, justas y equitativas.
Zúñiga insistió en que hubo manipulación de aspectos claves del proceso que violentan el derecho a la equidad de la competencia electoral por la desigual composición de los órganos electorales; la violación a la libertad del voto ciudadano por la exclusión de electores debido a la manipulación partidaria de la cedulación; la falta de transparencia en la información sobre la verificación ciudadana y el padrón electoral; la no acreditación de observadores nacionales; y por no contar con un árbitro confiable e imparcial para todos los actores políticos y electores.
Específicamente, el Ipade reclamó que 2 mil 754 de los 8 mil 290 cambios de domicilio en el proceso de verificación ciudadana aparentemente son de ciudadanos de otros municipios del país y el CSE no lo aclara.
Además, criticó que las delegaciones municipales de cedulación se quejaron de la falta de materiales para cedular; sin embargo y contradictoriamente, los partidos políticos mayoritarios realizaron cedulación paralela a sus seguidores según denuncias de los partidos políticos y los medios de comunicación, lo que constituye una grave violación a la Ley de Identidad Ciudadana y a la igualdad entre los electores.
El Ipade también reveló que según el padrón definitivo 21 mil 872 ciudadanos no tenían documento para votar. Y casi 300 ciudadanos que tenían su cédula no lo hicieron porque no aparecían en el padrón.
Para superar la crisis del sistema electoral el Ipade sugiere: el nombramiento de magistrados del CSE con plena autonomía que posibilite un sistema profesional e independiente; la realización de las reformas básicas a la Ley Electoral para este año; la instalación permanente de delegaciones municipales de cedulación y terminar con la manipulación partidaria de la misma.
Asimismo, auditar y depurar el padrón electoral; establecer por ley la normativa para las impugnaciones y restablecer la observación electoral.
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Y aclaró que aunque es únicamente en cuatro de las asignaciones en las que se están cometiendo arbitrariedades, como la alteración del número de votos, eso le arrebataría al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el control del gobierno regional.
Roberto Courtney, director de EyT, explicó que al auditar las actas de escrutinio confirmaron que en siete de las 15 circunscripciones de la RAAS, el total de votos válidos que refleja el cartelón de resultados emitido por el Consejo Electoral Regional no coincide con la sumatoria de votos válidos que reflejan las actas que poseen los partidos.
“La circunscripción uno registra una diferencia de 30 votos, la 6 de 19, la 8 de 18, la 9 de uno, la 11 de 46, la 12 de uno y la 13 de 7 votos”, detalló Courtney.
Agregó que en el caso de la circunscripción 12 —además de la alteración de votos para favorecer al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— se está tratando de anular votos a través de la impugnación de JRV que no se hicieron en tiempo y forma.
Para Courtney existen suficientes elementos de juicio para que el asunto sea elevado a las máximas autoridades y que éstas solventen con la necesaria transparencia las circunstancias que necesitan aclaración.
“El caso más grave en término de la naturaleza del delito y de la claridez conque ocurre es el de la circunscripción uno, donde todos los números señalan una ventaja del PLC sobre el FSLN, pero el CER sin ningún asidero en las actas le asigna treinta votos adicionales al FSLN. Es una cuestión que apunta a uno de los delitos electorales más graves tipificado en el artículo 17 (…) Que consiste en que un funcionario a la hora de transmitir los resultados a Managua trastoque los resultados”, dijo Courtney.
EyT estima que bajo estas circunstancias no se puede proceder a la asignación de escaños sin antes solventar las discrepancias aritméticas y los recursos presentados, pero que si se procede a hacerlo se podrá decir que de los noventa escaños que se disputaron en el Caribe, 86 se asignaron bajo parámetros de aceptación, pero los cuatro restantes se entregaron de forma fraudulenta, para arrebatar el control del gobierno regional al PLC que había obtenido mayoría (24 consejeros) a través de la voluntad popular expresada en el voto.
IPADE CONCUERDA CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Por su parte, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) aseguró ayer que la muestra de los resultados de su red de observadores “coincide con los datos oficiales publicados en la web del Consejo Supremo Electoral (CSE) (hasta ahora el 97 por ciento) y con el Acta Regional de Sumatoria de Votos del Atlántico Norte”.
Sin embargo, en el caso del Atlántico Sur las cifras difieren. “Lo que pone de manifiesto la manipulación de resultados en esta instancia”, específicamente en las circunscripciones uno, siete, once y doce de la RAAS (Bluefields, Kukra Hill, Laguna de Perlas y zona de los rama), que también reclama el PLC.
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Ipade, insistió en que el CSE “debe cumplir con la obligación de resolver conforme a derecho los recursos de apelación interpuestos por los partidos políticos, enmendando lo actuado por los respectivos órganos electorales regionales cuyas resoluciones sesgadas intentan irrespetar la voluntad popular en las cuatro circunscripciones de la RAAS”, de la cual depende la asignación de cuatro consejeros de esa Región.
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