Tegucigalpa
El Congreso derogó un decreto que desde el 2002 permitía importar vehículos sin pagar impuestos a diputados, ministros y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que causaba pérdidas superiores a los 16 millones de dólares anuales al fisco hondureño, informó ayer una fuente legislativa.
La decisión fue adoptada el martes por la noche por los 128 congresistas afiliados a cinco partidos políticos de diferente ideología.
“Éste es un acto de desprendimiento”, dijo en su intervención en el hemiciclo el presidente del Congreso, Juan Arnaldo Hernández, del oficialista Partido Nacional.
Los legisladores hondureños derogaron así el artículo número 1 del decreto 250-2002 de enero de 2002 y su respectiva reforma de enero de 2006.
“No ha sido fácil renunciar a este derecho, pero corregimos un error histórico”, afirmó el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, del Partido izquierdista Unificación Democrática (UD).
La medida beneficiaba a 256 diputados propietarios y alternos, 15 magistrados del Poder Judicial, al presidente y a más de 20 secretarios de Estado en ese país centroamericano.
Todos ellos tenían el derecho de introducir dos vehículos libres de gravamen en los cuatro años de su gestión pública.
La ley dispensaba alrededor del 40% del precio de mercado de cada automóvil.
UN NEGOCIO
Según denuncias de diversas fuentes, la situación se había convertido en un negocio para algunos funcionarios, que vendían a particulares sus dispensas, pese a que la ley otorgaba el beneficio para su uso personal.
El caso más sonado denunciado en Honduras es el del diputado y ahora ministro de la Reforma Agraria, César Ham, de la UD, que en enero de 2009 vendió su privilegio.
Inicialmente, Ham negó haber realizado la transacción, pero después admitió públicamente que lo hizo.
Los estatutos de su partido prohíben a sus diputados gozar de ese privilegio por calificarlo de “inmoral”.
El ex diputado Filiberto Isaula, también de la UD, fue expulsado en el 2008 por su partido por comprar un carro para su uso personal.
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