Parece patológico y sin duda es muy peligroso. El abusador es denunciado por los daños que ha causado, y él, en vez de hacer una reflexión, se planta frente el público y sin ninguna vergüenza comete nuevos abusos, para que lo vean y nadie dude de lo que en realidad es.
Es lo que hizo el gobierno de Daniel Ortega, en los últimos días, al confirmar con hechos las denuncias internacionales sobre sus violaciones a los derechos humanos: Impidió la observación electoral y el acceso de periodistas a instituciones públicas.
Hace cinco semanas, el 8 de febrero, un grupo de naciones señaló en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), que en Nicaragua el gobierno obstaculiza el trabajo de periodistas y organizaciones cívicas, entre otros atropellos.
Funcionarios del gobierno intentaron, en ese momento, restar importancia a las denuncias en la ONU, pero dos días después el Consejo de Derechos Humanos adoptó más de cien recomendaciones para la Administración Ortega.
Le sugerían, por ejemplo, convertir al Consejo Supremo Electoral (CSE) en una entidad transparente e imparcial y, para empezar, acreditar a los organismos de observación Ética y Transparencia e Ipade.
La oportunidad más cercana, para que el Gobierno mostrara voluntad de respetar los derechos humanos y las normas de la democracia, eran las elecciones regionales en la Costa Caribe, el 7 de marzo. Sin embargo, en una suerte de reto al mundo civilizado, Ortega ordenó hacer lo contrario.
Ningún organismo independiente y especializado en observación electoral recibió autorización del CSE para fiscalizar esos comicios. Luego, impidieron a periodistas de algunos medios entrar a las conferencias de prensa de ese Poder del Estado.
Ortega, quien controla el CSE, confirmaba así que negar información e impedir que le fiscalicen son políticas de su gobierno. No se trata de ningún error. Por tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que dio un plazo hasta junio para analizar las denuncias sobre Nicaragua, ya tiene algo más que una confesión del abusador.
A Ortega le importa poco que la Constitución del país exprese que “los nicaragüenses tienen derecho a la información” y que “el derecho de informar es una responsabilidad social” y “no puede estar sujeto a censura”.
Impedir el acceso a la información pública, al cerrar las puertas a los periodistas, es una nueva forma de censura que aplica el régimen orteguista; y la Constitución precisa que “los medios de comunicación públicos, corporativos y privados, no podrán ser objeto de censura”.
Los funcionarios del Poder Electoral, al discriminar a ciertos medios de comunicación, también violan la Constitución. Ésta indica que ellos “responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales”.
Al suministrar información sólo a periodistas oficialistas, los magistrados actúan de forma incorrecta y desinforman a la población que prefiere conocer las noticias por medios de comunicación con una línea profesional e independiente.
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