CORRESPONSAL/ESTELÍ
Durante una larga audiencia preliminar, que culminó después de las dos de la tarde, la juez de Audiencia Penal de Estelí, Alma Pino, encontró indicios para aceptar la acusación en contra de cuatro abogados del departamento de Nueva Segovia por los supuestos delitos de cohecho y crimen organizado.
La fiscal Regina Montano expuso la acusación contra los cuatros acusados, basándose en los hechos ocurridos el pasado 4 de marzo, cuando el abogado Juan Diego Bustamante presuntamente intentó sobornar al magistrado del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, David Moreno Cardoza.
- El polémico ex alcalde orteguista de Jalapa, Omar Vílchez, y el diputado orteguista César Castellano, se presentaron ayer al juzgado para apoyar a los acusados.
Durante la audiencia, Díaz presentó a la juez dos escrituras de igual número de propiedades, que superan lo 400 mil dólares, que dijo pertenecen a un amigo que estaba dispuesto a ponerlas como fianza para que le otorgaran el beneficio de prisión domiciliar a él y otros dos abogados sin incluir a Diego Bustamante.
Las propiedades aparentemente son del ex alcalde Vílchez y del diputado Castellano.
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La prueba más fuerte sería la de un vídeo, donde Bustamante aparece intentando entregar el dinero del supuesto soborno para anular el juicio de unos ciudadanos, que fueron condenados por el secuestro de un productor. El abogado involucraría en ese mismo vídeo a sus otros colegas con quienes compartían la defensa de los secuestradores.
TRABAJO EN EQUIPO
La fiscal Regina Montano expuso que Bustamante junto a los también abogados Ramón Gabriel Díaz González, de 33 años; Julio César González Tercero, de 51 años, y Bernardino Andrés Chavarría González, de 32 años, siempre han trabajado coordinadamente para realizar actividades en contra del derecho.
A excepción de Juan Diego Bustamante, quien nombró como abogado defensor a Keneth Guardado, el resto de acusados ejerció su derecho a la autodefensa durante la audiencia preliminar.
Díaz y Chavarría expusieron que no existe en la acusación ningún asidero legal que los vincule con el delito que está imputando el Ministerio Público.
ACUSADO PREGUNTA ¿DÓNDE ESTÁ EL ILÍCITO?
“¿Es ilícito trabajar en defensa de un acusado junto a otros abogados?”, se preguntó Chavarría, quien consideró que lo único que miraba es que lo están acusando por ser abogado litigante.
“En la acusación no se determina nunca que yo haya estado el 4 de marzo o el 5 (de marzo) con el magistrado David Moreno, o que yo le haya entregado algo, pues yo no tengo necesidad de hacer esas cosas, sin embargo la judicial considera otra cosa”, dijo por su parte Díaz, quien aseguró que tiene su casa hipotecada y deudas.
Agregó que todos los acusados tienen oficinas separadas, “pero cuando salen casos donde hay varios acusados, para facilitar la defensa y hacer mejor trabajo, nos unimos”.
FISCALÍA ASEGURA TENER SUFICIENTES PRUEBAS
Por su parte la fiscal Regina Montano dijo que el Ministerio Público cuando acusa se cerciora de previo que existen dentro de la investigación suficientes elementos para sostener esa acusación.
“En su momento el Ministerio Público va a presentar las pruebas pertinentes ante el juez. Los medios de pruebas con los que va a demostrar que estas personas vienen cometiendo estas actividades ilícitas en conjunto y de manera concertada”, aseveró Montano.
Por su parte la juez Alma Pino impuso la prisión preventiva como medida cautelar ante la relevancia del presunto delito, que atenta contra el sistema de la administración de justicia.
Pino estableció la audiencia inicial para el próximo jueves 18 de marzo.
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