¿Dónde quedó la moral del gobierno revolucionario que dice representar Daniel Ortega y de aquellos que tomaron las armas contra la dictadura somocista?
El veterano comandante Henry Ruiz, uno de los guerrilleros más conocidos en la lucha contra esa dictadura, cuestionó con firmeza a los cuerpos encargados de garantizar la seguridad del país.
Sus críticas se dan un día después que se conoció que existe un interés directo de la jefa nacional de la Policía Nacional, Aminta Granera, en la distribuidora de medicamentos, Farmacéuticos y Conexos S.A. (Farcosa).
Ruiz, de 66 años, calificó de tráfico de influencias el negocio con esta empresa que inicialmente fue defendida por la jefatura policial como una opción para hacer más asequibles las medicinas a sus oficiales.
“No es para enriquecer a nadie”, juró el comisionado mayor Juan Gradiz, jefe de la asesoría legal de la Policía, cuando se le consultó el año pasado.
LA PRENSA reveló ayer que el esposo de Granera, Oswaldo Gutiérrez, asesora a la cuestionada distribuidora de medicinas.
SEÑALADA POR JUEGO SUCIO
Farcosa es señalada por el empresariado de competencia desleal desde hace meses.
La distribuidora está ligada al conglomerado de empresas vinculadas a personeros cercanos al Frente Sandinista y al Gobierno, que han empezado a ganar millonarios contratos con el Estado.
MISTERIOSAS GANANCIAS
En el caso de Farcosa, se desconoce a cuánto ascienden sus ganancias en la venta de medicamentos al Hospital Militar y al de la Policía.
El último dato publicado, en el caso de la Policía, refiere que esa institución compró 6.7 millones de córdobas en concepto de “medicamentos entregados y consumidos” durante el año 2006, de acuerdo con el informe de la institución ese año.
LA PRENSA llamó la tarde del viernes a Roberto Torres, gerente general de Farcosa, indagando sobre el tema, pero él apagó su celular después de decir que estaba en una reunión y no podía atender consultas periodísticas.
Además de Farcosa, el conglomerado está integrado por Laboratorios Ramos, Solka y Universal Marketing Associates, esta última propiedad de la asesora del diputado sandinista Gustavo Porras, uno de los personajes más cercanos a la pareja presidencial.
OTRA VEZ SOMOZA
En general, Ruiz consideró que el caso demuestra que hay una regresión a la época del somocismo, al que amargamente dice nunca pudieron derrotar.
“Incluso en los ochenta, que había más mística, creo que el somocismo se plantó adentro (hace énfasis). Una de las cosas con las que no me siento contento es que el somocismo no fue derrotado ni moralmente ni políticamente. El somocismo era latrocinio, es decir, apropiarse de los bienes públicos, y eso no lo exterminamos”, confesó.
Luego se pronunció sobre el caso de Granera: “Eso es tráfico de influencias (con relación al caso de la familia de la jefa policial). Por eso incluso he dicho que la gran empresa, capitalista, tiene responsabilidades en la formación de esta dictadura. Las utilidades que se obtienen con ventaja por tráfico de influencias es una regla general para toda esa empresa capitalista grandota, incluyendo estas nuevas que están surgiendo”.
CRITICA AL EJÉRCITO
Las críticas también han alcanzado al otro socio de Farcosa: el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército.
Sus socios principales, además del IPSM, son el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, que paga las pensiones de la Policía, y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que aportó al menos 300 mil dólares de acuerdo al acta constitutiva de la sociedad comercial.
En el caso del Ejército, Ruiz valoró que la posición del Gobierno es la de quedar bien con esa institución, igual que las administraciones anteriores.
“La ponderan como si del Ejército dependiera la historia, el destino del país, ésas son instituciones públicas que deben tener principios que respondan a las leyes del país”, dijo a quien llamaban “Modesto” en la montaña.
TODO QUEDA IMPUNE
El diputado de la oposición Luis Callejas, miembro de la Comisión de Salud del Parlamento, opinó igual del tema y dijo que la relación de la Policía y el Ejército es peligrosa en este caso concreto.
“Es corrupción. Se están baipaseando todas las compras para favorecer parientes de Gustavo Porras”, consideró Callejas, pero lamentó que por la falta de beligerancia muy pocas cosas se puedan hacer para parar el saqueo al Estado.
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