Lucía Navas y Eduardo Cruz
El presidente Daniel Ortega mantiene silencio sobre si vetará o sancionará para ser aplicada la Ley de Moratoria.
Ayer, a última hora, la Presidencia canceló la reunión que se sostendría con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en la cual se esperaba que Ortega abordara el tema. El sector privado, los bancos e incluso el Fondo Monetario Internacional han expresado su preocupación de que la ley afecte la estabilidad del sistema financiero nacional.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo a LA PRENSA que les preocupa el silencio de Ortega, porque en la medida en que se alarga una decisión, se crea mayor incertidumbre en el país.
“Especialmente porque vemos los últimos días a la bancada de Gobierno defendiendo técnicamente esta ley, y da una señal preocupante de que no han comprendido cómo esta ley, si es promulgada por el Presidente, tendrá un impacto directo en el sistema financiero, e indirecto en el acceso del crédito a todos los nicaragüenses”, sostuvo Aguerri.
Hasta ayer la Asamblea habría enviado a Ortega la Ley de Moratoria. El Presidente tiene 15 días para resolver si la veta o la promulga.
Aguerri dijo que Ortega debe asumir una posición lo más pronto: está por defender la estabilidad macroeconómica o en contra de ella.
Lo que percibe es que hay doble discurso en el Gobierno. Le parece preocupante que el Gabinete Económico, el cual desde que se aprobó la ley expresó su rechazo, ahora esté callado, y quienes tomen fuerza sean los diputados sandinistas en contra del veto.
- De ser sancionada la Ley de Moratoria por el Presidente, Asomif tiene 60 días para recurrir de amparo.
Yo haría un análisis más integral de una política para el desarrollo de estas microfinancieras, de una manera regulada por el Estado, para efecto que cumplan todas su función económica y social, porque algunas la han cumplido, pero otras se han aprovechado de nuestros productores, dijo Solórzano.
El Cosep espera que la próxima semana se logren sentar con Ortega para hablar exclusivamente de los efectos negativos de la Ley de Moratoria, sobre la cual, desde que se aprobó, incluso el FMI ha expresado que causa inseguridad jurídica, y se advirtió que traerá una reducción de la cartera de crédito.
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El FMI a principios de semana dijo que esperaba un plan del Gobierno que garantice que la estabilidad de la economía. Mientras, los líderes del Movimiento No Pago le enviaron una carta a Ortega donde piden no vetar la moratoria, recordándole los compromisos que hizo con ellos en darles condiciones para renegociar las deudas con las financieras.
RIESGO DE INVERTIR
La Red Centroamericana de Microfinanzas (Redcamif) llamó al Gobierno de Nicaragua a adoptar medidas que reviertan “el clima de inestabilidad e inseguridad”, que señala existe a raíz de la aprobación de la ley , y que ha comenzado a ahuyentar a los inversionistas.
Iván Gutiérrez, director ejecutivo de Redcamif, dijo a LA PRENSA que este tipo de políticas comprometen la estabilidad del sistema de microcrédito y arriesgan la inversión que recibe el país por las distintas áreas de la economía, y no sólo la que se hace a través de las microfinancieras.
La ley beneficia a unos 10 mil productores y comerciantes morosos. Da un plazo de 120 días para renegociar la deuda, a una tasa de interés del 16 por ciento, y suspende los juicios y embargos durante la negociación.
Condiciones que son criticadas por Redcamif, y por lo cual apoyan la solicitud de veto presidencial a la ley, pues en “toda Centroamérica no existe una legislación similar en la que un parlamento haya hecho un procedimiento de obligar por medio de una ley a negociar entre un grupo de malos pagadores con instituciones financieras”, dijo.
“Es un problema mayor del que se ha expuesto, porque compromete la sostenibilidad financiera, no sólo de las microfinancieras, sino que daña de igual manera la cartera de bancos como Pro-Credit y Banex, que están orientados al microcrédito productivo”, sostuvo.
“Y por supuesto —dijo— tiene preocupados no sólo a las fuentes de financiamiento privado, quienes ya han confirmado que van a congelar las líneas de crédito a las microfinancieras mientras persista este clima de inseguridad. También la preocupación es de parte de los organismos multilaterales como el BID-FOMIN, que tiene programas de microseguros y otros de crédito dirigidos al financiamiento rural, principalmente”.
Sostiene que los inversionistas, al ver estos cambios en las reglas para hacer negocios en un país, “deciden al final no seguir (en ese país) porque no es confiable”.
Igual, la inseguridad en Nicaragua afecta al resto de Centroamérica, porque el nerviosismo de los inversionistas es que el Movimiento No Pago se repita en el resto de países y ponga en peligro el capital que tienen colocado.
Son 100 instituciones de microcrédito que manejan una cartera de 650 millones de dólares en Centroamérica.
“Se promueve con este tipo de leyes moratorias la cultura de no pago, porque independientemente de los términos aprobados en la ley, se reconoció a un movimiento que no ha honrado sus compromisos”, afirmó Gutiérrez.
SOLÍS CAUTELOSO
Al ser consultado sobre la Ley de Moratoria, el magistrado judicial Rafael Solís indicó que lo mejor es esperar la decisión del presidente Daniel Ortega, y también si el Cosep o Asomif recurrirán de amparo en contra de la misma, a como anunciaron.
Hace dos años la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia, en la que trataron de mediar en un problema que se dio entre el Banco Central y la Asamblea. En el caso de la Ley de Moratoria, sin embargo el contexto es otro, afirmó el magistrado.
“Lo que pasa es que esa frontera entre las actividades (del BCN y las) legislativas, que pueden o no involucrar fijaciones tipo de intereses, no siempre está tan clara, va a ser una discusión permanente”, dijo Solís.
Según el magistrado, hay quienes consideran que la Asamblea tiene facultades para establecer tasas de intereses y que el hecho de que se haya dado esas facultades al Banco Central no quiere decir que la Asamblea no las tenga, ya que ésta está por encima de cualquier ente autónomo y de cualquier institución del Estado, principalmente en materia legislativa.
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