El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ, Manuel Martínez, aconsejó que la mujer condenada a 12 años de prisión por una juez que la consideró colaboradora necesaria en la violación de su hija, haga uso de la apelación.
“Para eso hay recursos siempre”, se limitó a asegurar Martínez, al ser consultado sobre el caso.
El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo desconocer del asunto y prefirió que sea el fiscal que llevó el caso o la unidad de género, la que responda a las críticas que los movimientos de mujeres y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), así como las Procuradoras Especiales de la Mujer y de la Niñez han efectuado en este caso, debido a que la madre de la niña está presa, pero el violador está libre.
El magistrado Martínez alegó que se trata de un delito de orden privado y dijo desconocer las causas encontradas
“Son casos concretos y eso pertenece a la intimidad familiar”, sostuvo Martínez ayer.
“Yo no sé el juez si encontró dentro del proceso que la madre de alguna manera coadyuvó o alcahueteó, ustedes hacen juicios paralelos; así las instituciones hacen juicios paralelos y el sistema de justicia toma su determinación”.
El fiscal Centeno Gómez, al ser consultado, alegó: “Recuerde que quien investiga es la Policía. La Fiscalía recibe investigaciones de la Policía y orienta”.
SIN RESPUESTA A SEÑALAMIENTOS
El jueves los movimientos de mujeres y defensores de derechos humanos emitieron un pronunciamiento a través del cual hacen una serie de señalamientos en el caso
“El fiscal y la juez se centraron en condenar a la madre a partir de valoraciones totalmente subjetivas, alejadas de la objetividad de la prueba, ignorando totalmente la realidad en que se cometen los delitos sexuales contra niñas y niños, pues está demostrado que éstos en su mayoría, son planificados y ejecutados por otros miembros o amigos de la familia, donde prevalece una relación de confianza”, refieren en el pronunciamiento.
A su vez, demandaron a Centeno que revise toda la actuación de los fiscales que conocieron de este caso, sobre todo porque a la mujer —indicaron— nunca se le informó de parte del Ministerio Público que estaba siendo investigada.
“Los argumentos esgrimidos para acusar a la madre se alejan de los principios básicos del debido proceso, la finalidad del proceso penal y del sagrado derecho a la presunción de inocencia, máxime cuando fue la madre la denunciante y quien contribuyó para la recolección de todas las pruebas”, añadieron.
Centeno prefirió señalar que debe ser el fiscal que llevó el caso el que debe referirse al tema, o la fiscal de géneros.
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