Gabriel Rubio
MADRID/AFP
La colaboración de la ETA con las FARC para ayudar a la guerrilla colombiana a formar a sus activistas y atentar en España contra personalidades colombianas, entre ellas el presidente, Alvaro Uribe, contó con la «cooperación gubernamental» venezolana, denunció un juez español.
Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, decidió así procesar a seis presuntos miembros de ETA y a siete de las FARC colombianas por su supuesta colaboración y el intento de asesinato, según un auto judicial.
Velasco cree que el presidente Uribe fue incluido en una lista de posibles objetivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en España, para cuyo eventual asesinato pidieron ayuda a ETA, según un auto publicado este lunes.
Las FARC llegaron a vigilar al ex presidente colombiano Andrés Pastrana, que vivía en Madrid, y a la embajada colombiana, considerando que «no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA», afirma el juez Velasco en su auto.
Por ello, las FARC «pidieron a miembros de ETA colaboración para localizar en España, además de a Andrés Pastrana» y a Uribe, a la ex embajadora colombiana en España Noemí Sanín o al vicepresidente colombiano Francisco Santos «con el fin de atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España» o en algún país europeo.
Santos se encontraba este lunes en Ginebra, desde donde prefirió no opinar sobre la actuación judicial, considerando que se trata de «un asunto interno» español, según fuentes diplomáticas colombianas.
La ayuda de ETA está planteada en un correo electrónico contenido en el ordenador incautado a Raúl Reyes, número dos de las FARC, tras morir en una operación colombiana contra las FARC en Ecuador en marzo de 2008.
Tras adiestrar a miembros de ETA, «se les planteó la posibilidad de contribuirnos con trabajos en España y otros países. Se habló de Pastrana, Noemí y Bernardo Gutiérrez (ex senador colombiano), según comunican, ahora no tienen muchas dificultades en localizar a los dos primeros», afirmaba el correo electrónico incautado.
La información conseguida tras la muerte de Reyes llevó precisamente a la fiscalía de la Audiencia Nacional a presentar en diciembre de 2008 la querella sobre la colaboración entre las FARC y ETA, que comenzó de manera «oficial» en 1999 y ha desembocado en los actuales procesamientos.
La ayuda de ETA a las FARC en España es pues, según Velasco, una «contraprestación» al adiestramiento mutuo de activistas en territorio de Venezuela, que, según Velasco, cooperó en las relaciones entre ambas organizaciones.
«Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA», según Velasco, quien apunta especialmente al español presunto miembro de ETA Arturo Cubillas Fontán.
Este último está casado desde 1990 con la «venezolana Goizeder Odriozola Lataillade» y en 2005 fue nombrado «director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del ministerio de Agricultura y tierras de Venezuela», según el auto judicial.
Cubillas ha sido «responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC y la participación de integrantes de la ETA en cursillos de explosivos», añadió Velasco, quien ha emitido órdenes de busca y captura internacionales para 12 de los 13 procesados.
Este presunto miembro de ETA está procesado por Velasco por un «delito de conspiración para cometer homicidios terroristas» junto a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar.
Cubillas también está acusado junto a los activista de ETA José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua de los delitos de tenencia de explosivo.
Además, todos los anteriores, junto a los «etarras» José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio y los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala, están acusados de colaboración con banda terrorista.
