El Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) habría reportado movimientos irregulares de por lo menos 39 millones de córdobas, de acuerdo a una auditoría financiera que practicó la Contraloría General de la República (CGR), informó ayer Luis Ángel Montenegro.
Las anomalías habrían provocado, a mediados de este mes, la remoción del director del Inatec, Dámaso Vargas, y del director general administrativo financiero, Pablo Emilio Quiroz.
Pero Montenegro, quien actúa como “contralor de facto” porque ya cumplió sus cinco años en la CGR y no ha sido reelecto en el parlamento, evitó calificar los “movimientos irregulares” como actos de corrupción y más bien aclaró que se ordenó una auditoría especial al Inatec, para obtener “detalles” de las millonarias anomalías.
“El caso Inatec fue producto de una auditoría de la Contraloría. Nosotros auditamos entre 29 y 30 instituciones del Estado y allí estaba Inatec. Es más, se ordenó una auditoría especial para profundizar, a nivel de detalle, los pormenores que puedan encontrarse a futuro”, explicó Montenegro.
Además de la caída de Vargas y Quiroz, en el Inatec también habría sido removida de su cargo Conie Ocampo, quien era directora administrativa de esa institución.
Anteriormente, también había sido cesanteado Jonathan Chávez, jefe de Informática.
Al parecer, la barrida en el Inatec podría continuar en los próximos días, según fuentes de la institución.
NO REPORTARON INGRESOS A HACIENDA Y EL PARLAMENTO
Hasta ahora, sólo existían especulaciones en torno al monto irregular que se habría movido en Inatec, pero Montenegro dio ayer una cifra oficial, aunque preliminar: 39 millones de córdobas.
“No te podría decir cuánto (dinero) es a nivel de detalle, pero sí hay unas operaciones que contablemente las realizaron incorrectamente. Si te doy una cifra de 39 millones de córdobas en evidencia, la gente va a decir ‘se robaron 39 millones de córdobas en Inatec’, pero no. Es impropio de las normas de auditoría gubernamental no contabilizar apropiadamente el origen y los destinos de los recursos y se cometió el error de no reportar a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Hacienda los recursos propios que obtuvo Inatec”, señaló Montenegro.
La auditoría de ingresos y egresos que se practicó sobre el Inatec no acarrea ningún tipo de responsabilidad, por lo cual la CGR decidió ejecutar una auditoría especial.
Según Montenegro, las pruebas documentales de las anomalías justifican la auditoría especial.
“Encontramos evidencias que ameritan profundizar en una auditoría que vaya más a fondo, que pueda determinar si hay buenos o malos manejos a lo interno de Inatec y eso lo vamos a saber a través de esa auditoría especial (…). Tenemos dudas de que la documentación soporte de las operaciones no está debidamente documentada o los soportes no se justifican”, añadió Montenegro.
Extraoficialmente se conoció, tras la repentina remoción de Vargas y otras personas, que las irregularidades en el Inatec incluirían la supuesta apropiación de cuatro camiones, cien cerdos y 32 computadoras clonadas.
Montenegro asistió ayer al parlamento a una audiencia que celebró la Comisión Especial Constitucional con los candidatos a contralores.
OTRA CARA DE LA MONEDA: EL CASO ROBERTO RIVAS
La contracara en la historia de la CGR la representa Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), a quien se le señala de un sustancial crecimiento en su patrimonio, difícil de conseguir con un salario de cinco mil dólares, que es lo que aproximadamente devenga como magistrado.
Montenegro sostuvo que la CGR no protege a Rivas, sino que están efectuando una revisión a 4 mil 500 declaraciones de probidad de funcionarios de distintas dependencias.
El “contralor de facto” aclaró que son cinco personas las que analizan los 4 mil 500 documentos y prometió que entre marzo y abril podrían hacer públicos los hallazgos.
“No es falta de voluntad, ni que no tengamos interés en evaluar la declaración de probidad del señor Roberto Rivas, estamos evaluando hasta la del Presidente de la República (Daniel Ortega)”, afirmó Montenegro.
AUDITORÍA AL CSE RELACIONADA AL INSS
Roberto Rivas, quien posee un jet privado y un reparto de casas de lujo en San José, Costa Rica, donde se hospedan dos hijos del presidente Ortega, ha dicho que las denuncias en su contra responden a una campaña de desprestigio, pero nunca ha aclarado el origen de su elevado patrimonio.
“Creo que (el análisis de las declaraciones de probidad) puede llevar más o menos, porque es lo que orientamos fundamentalmente, cuatro meses. En marzo o abril deben estar las declaraciones de todos los poderes del Estado, y no hablamos de Roberto Rivas ni Manuel Martínez (presidente del Poder Judicial), sino que hablamos de todos los que conforman la plana mayor de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, incluyendo la junta directiva de esta Asamblea Nacional y los jefes de bancada”, precisó Montenegro.
Por otro lado, Montenegro denunció un supuesto “embargo informativo” de los medios de comunicación, por no dar a conocer las resoluciones que emite la CGR.
Montenegro explicó que la CGR efectúa una auditoría al Consejo Supremo Electoral (CSE), en relación con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero no ofreció detalles al respecto.
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