Datos estadísticos que lleva la Policía Nacional sobre la actividad delictiva en el país, confirman la alarmante impunidad existente en el sistema judicial al contabilizar que únicamente un 5.5 por ciento del total de 8,210 detenidos, fueron condenados en los tribunales.
La directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, advirtió ayer que persisten los problemas con la actuación del Sistema de Justicia Penal en el país, pues según los registros de la institución, la prisión preventiva sólo se aplicó en un 43.3 por ciento del total de los casos.
Es más, Granera mencionó que hay casos de sospechosos que fueron capturados y remitidos por la Fiscalía a los tribunales donde únicamente les ordenaron una medida cautelar.
“Y luego los vemos involucrados mientras se está cumpliendo la medida cautelar, en otros hechos aún de mayor peligrosidad”, expresó Granera.
- El año pasado la Policía Nacional capturó a 14 mareros, integrantes de las maras Salvatrucha y M-18, de El Salvador.
A su vez, dijo que las capturas pueden servir como indicativo de la forma como funciona el sistema policial, porque todos los capturados y deportados son ventajas que logramos preservar con el trabajo policial del 2009 y le hemos dado una respuesta evidente y contundente.
En Nicaragua, la Policía registra como acciones de los grupos juveniles una tasa promedio de homicidios de 4.6 por ciento.
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Es por esto, que la Directora de la Policía consideró que “tenemos como Sistema Penal que revisarnos, Policía, Fiscalía, Sistema Judicial ¿cómo vamos a hacer? cómo no tirar esfuerzos y recursos que los tenemos limitados”, manifestó Granera, mientras ayer alrededor de 300 oficiales de la escala de mando de las fuerzas policiales discutían diversos temas relacionados con la seguridad del país.
En enero pasado trascendió la ocurrencia de una serie de casos de liberaciones de reos, en la mayoría vinculados al narcotráfico, que fueron ejecutadas en diciembre pasado. El caso que más trascendió fue el de tres narcos guatemaltecos que se fugaron de la cárcel de Chinandega, con una orden de libertad falsa, y cuyo proceso aún se desarrolla en los tribunales de ese departamento.
REPERCUTE EN LA SOCIEDAD
Aunque Granera no se refirió a un caso en particular, expresó que esta situación más que incidir en la institución, tiene repercusión para la sociedad nicaragüense pues acotó “un delincuente que fue capturado en hechos delictivos graves y que se le dé una medida cautelar, que no sea sancionado, que se deje en libertad, que no se le aplique la prisión preventiva, (…) creo que es un riesgo para el pueblo nicaragüense”.
La Policía se propone como prioridad fortalecer aún más las investigaciones para el esclarecimiento de los delitos, a fin de que no haya forma que se deje de aplicar la justicia y así alcanzar mayores niveles de seguridad, indicó. “En general creo que tenemos que hacer un esfuerzo todas las autoridades involucradas en el sistema de justicia penal de Nicaragua, para que haya menos impunidad y haya más seguridad, a veces hay casos particulares, especiales, que por distintas razones se toma y no quisiera referirme a casos específicos”, sostuvo la jefa de la Policía.
Según el informe presentado al final de la tarde, por la jefa de la Policía ante el presidente Daniel Ortega, desde el 2008 existen dificultades con la aplicación de medidas cautelares y bajo nivel de sentencias condenatorias, lo que genera un sentimiento de impunidad, pese a que según ésta, hubo avances en la comisión interinstitucional en la elaboración de propuestas de políticas públicas.
Del total de personas capturadas por delitos graves, un 26 por ciento obtuvo libertad por medidas cautelares, mientras que en un 25.5 por ciento de los mismos, el Ministerio Público no acusó, ya sea por desestimiento, porque consideró que la Policía debía ampliar las medidas policiales o porque determinó efectuar un archivo fiscal.
Por ejemplo, mencionó Granera en su informe, que de 2,302 detenidos que registraron el año pasado por robos con intimidación, sólo un 6.7 por ciento fueron condenados.
El año pasado, el incremento del robo con intimidación fue una de las principales preocupaciones para las autoridades policiales.
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