CORRESPONSAL/NUEVA SEGOVIA
- La Contraloría General de la República (CGR) encontró en su auditoría especial otras cuatro operaciones que merecían presunción penal contra Omar Vílchez, pero resolvió aplicar la figura jurídica de la caducidad, porque a la fecha de la resolución administrativa habían transcurrido cinco años del hecho.
Asimismo, detalla el dudoso uso de recursos provenientes de las transferencias nacionales a la comuna, la venta que hizo en junio del 2002 de un camión Mitsubishi propiedad de la Alcaldía y la compra en junio del 2002 de una camioneta doble cabina que no apareció en los bienes de la municipalidad.
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La Juez de Distrito Penal de Audiencia, Marbely Blandón, aceptó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, introducida por el abogado defensor de Omar Vílchez González, ex Alcalde de Jalapa y “líder” del movimiento “No Pago”, acusado por malversación y peculado en perjuicio de la Alcaldía de Jalapa.
La judicial en su resolución emitida ayer invocó el Código Penal en su parte donde indica que los delitos que el Ministerio Público tiene obligación de acusar, prescriben a los cinco años, y que en el caso de Vílchez vencieron en noviembre del 2009 y la Fiscalía acusó en diciembre del mismo año, según su abogado defensor, Gabriel Díaz.
Sin embargo, el Ministerio Público y la Procuraduría consideran que la acusación no ha prescrito y apelarán ante el Tribunal de Apelaciones de Estelí, confirmó Emilse Castillo, Procuradora Departamental de Justicia en Nueva Segovia.
“El tribunal tiene dos opciones: confirmar la resolución o revocarla. En este caso la última palabra la tienen los magistrados. Por el momento, ésta es mi apreciación, no es un cierre definitivo del caso, porque queda un ulterior recurso que es la apelación”, aclaró la juez Blandón.
RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORíA
La acusación de la Fiscalía contra el dirigente del movimiento más conocido como “ No Pago” se fundamenta en la resolución de la Contraloría General de la República, emitida el ocho de noviembre del 2007.
La Contraloría presume responsabilidad penal contra Vílchez por haber autorizado el 18 de octubre del 2004 la emisión del cheque número 4722 por la cantidad de 446 mil 216 córdobas para fines aun no esclarecidos. El dinero fue donado por ABDEL-DANIDA para la construcción de la terminal de buses en Jalapa.
La misma resolución de la Contraloría presume responsabilidad penal contra Vílchez, por “el daño patrimonial causado de manera intencional a la Alcaldía de Jalapa hasta por 12 mil dólares para adquirir, en nombre y representación de la comuna, un supuesto terreno de 40 manzanas ubicado en La Jungla, comunidad de Siuce”, cuya compra fue justificada con documentación alterada.
Otro caso señalado contra Vílchez “es el daño patrimonial causado de manera intencional a la Alcaldía de Jalapa por 212 mil 419 córdobas, y que presume responsabilidad penal por no presentar ningún tipo de documentación que soporte o justifique el uso y destino de esa suma de dinero.
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