[/doap_box][doap_box title=»La gota que derramará el vaso» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
- Como si el deteriorado clima de inversión no fuese suficiente, este año se empieza a implementar la reforma fiscal, que a criterio del economista y experto fiscal, René Vallecillo, tendrá un efecto directo en el capital de trabajo de las empresas.
Para compensar eso, el empresario va a tener que buscar cómo hacerlo vía precio o vía disminución de costos, que evidentemente conlleva reducir personal o no aumentarlo, añadió
Si Nicaragua no tuviera esa reforma, si Nicaragua recuperara la cooperación internacional e hiciera un mejor uso de la ayuda venezolana, Nicaragua estaría como los países emergentes, dijo y agregó que para que el país elimine la pobreza, tendría que crecer al menos 10 por ciento anual por varios años.
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El estancamiento del crecimiento económico del país este año se deberá principalmente a la falta de voluntad política del actual Gobierno por mejorar el clima de negocios.
Estimaciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) apuntan a que en el 2010, en el mejor de los escenarios, el Producto Interno Bruto (PIB) se mantendrá en los niveles del año pasado.
En el peor de los casos, el PIB podría decrecer un 0.9 por ciento respecto al año pasado.
El principal motivo por el cual este año no se avizora el crecimiento que indica el Gobierno y algunos economistas (entre el uno y dos por ciento) es que no hay señales de querer mejorar el clima de inversión del país, el cual —a criterio del ex ministro de Hacienda y director de Funides, Mario Arana—, es vital para que este año haya crecimiento económico.
Arana destacó que la elección de los funcionarios públicos, a quienes se les vence su período este año, será una “prueba de fuego” que enviará o no señales positivas a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
Arana expresó lo anterior durante el foro Proyecciones Nicaragua 2010, en el que también participaron el economista René Vallecillo; el ex ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo y el analista político y filósofo Alejandro Serrano Caldera.
La conferencia fue organizada por la Asociación para la Cooperación Educativa Nicaragüense (Acoen) y la firma de servicios de auditoría KPMG, y contó con patrocinio de LA PRENSA.
MOMENTO CLAVE
Arana considera que de elegir de forma transparente a personas con credibilidad para los cargos que quedan vacantes este año en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, Contraloría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se podría tener una “incidencia positiva” en el clima de inversiones del país.
“Yo creo que hay que tener claro que los distintos estudios, análisis que se hacen sobre Nicaragua, de competitividad, de clima de inversiones, de riesgo país, apuntan a este problema de las debilidades institucionales”, explicó el director de Funides.
Recalcó que entre todos los “obstáculos” que aún le quedan al país para encaminarse hacia el desarrollo (infraestructura en condiciones críticas, energía costosa, puertos y aeropuertos deficientes, entre otros), la debilidad institucional es “uno de los que realmente pesa”.
Enfatizó en que la economía del país podría mejorar si se pudiesen destrabar pronto los recursos externos retenidos a causa del fraude electoral en unos 40 municipios del país, durante las elecciones de noviembre del 2008. Asimismo dijo que el crecimiento económico dependerá mucho de la inversión en gastos de capital.
“Pero lo más importante que nos podría ocurrir, y a lo que deberíamos aspirar que ocurriera, sería que la inversión privada se animara y verdaderamente hubiera inversión privada nacional y extranjera, pero el panorama ahí no está bien”, sostuvo.
Esto último lo dijo en base al comportamiento de las encuestas que hace trimestralmente Funides entre los grandes empresarios de Nicaragua, “que representan un 30 por ciento del PIB”, según afirmó Arana.
POCAS POSIBILIDADES DE EMPLEO
La última encuesta revela que el 79.7 por ciento de los grandes capitales del país opina que el clima de inversión es desfavorable (ver gráfico). Desde junio del 2008 hasta finales del año pasado, la cantidad de empresarios con esa opinión se mantuvo entre el 70 y 88 por ciento de los consultados.
Uno de los puntos más llamativos de la encuesta es que un 83.8 por ciento de los consultados dijo que no pensaba aumentar su inversión en los siguientes seis meses; sólo el 15.6 por ciento refirió que lo incrementaría.
El 81 por ciento de los empresarios afirmó que no incrementaría su personal, sino que lo mantendría. Sólo un 3.6 por ciento de ellos dijo que contrataría más personal.
PÉSIMAS PROYECCIONES
El jurista Alejandro Serrano Caldera, quien presidió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre 1985 y 1988, indicó que en las proyecciones políticas y sociales para el 2010 él ve difícil que la Constitución Política del país se quede en su lugar, es decir, que sea respetada por el Gobierno y coincidió en que la crisis institucional influye negativamente en los proyectos económicos.
“Aquí hay un Golpe de Estado permanente, porque efectivamente esto es un golpe de estado. El Golpe de Estado no sólo es el golpe militar en donde el Ejército llega, toma al presidente, lo monta en un avión y lo saca”, explicó Serrano Caldera, en alusión a la situación que vivió Honduras en junio del año pasado y que —a diferencia de las violaciones regulares a la Constitución en Nicaragua— recibió la condena de la comunidad internacional y los organismos multinacionales.
“Un Golpe de Estado —agregó— es la anulación de las atribuciones que la Constitución le da a un Poder, por parte de otro Poder y puede ser un golpe dado por cualquier Poder del Estado en un momento dado”.
Para Serrano Caldera el decreto ejecutivo del 9 de enero de este año —con que el presidente Daniel Ortega pretende prorrogar los períodos de los funcionarios públicos a quienes se les vencerá su mandato en los próximos dos años—, es por lo menos una usurpación de las facultades de la Asamblea, “una invasión de las atribuciones que corresponden al primer Poder del Estado y una atribución que no le corresponde ni le compete por ningún lado de la Constitución al Poder Ejecutivo”, dijo.
El jurista explicó que ese decreto además viola unos seis artículos de la Constitución (129, 130, 138, 150, 183 y 187), relacionados con el imperio de la Ley, su jerarquía y efectos, y las atribuciones específicas de los poderes del Estado.
Como ejemplo de la trasgresión permanente, Serrano mencionó que Ortega ha violado antes la Constitución con por lo menos diez o quince decretos.
Por eso, anotó que urge un proyecto de Estado-Nación, que no sea fragmentado “o peor que responda a los intereses personales o familiares”.
Sin embargo, no obvió que difícilmente puede haber democracia en el país si los partidos mismos no renuncian a ser patrimonio de caudillos y buscan su democratización.
Serrano sostuvo que el decreto inconstitucional más reciente de Ortega se elimina perfectamente con una ley de la Asamblea.
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