La Contraloría General de la República (CGR) devolvió a la Dirección de Auditorías dos informes que no encontraban responsables sobre préstamos que superan los dos millones de córdobas en la Asamblea Nacional y otro que intentó conocer el fondo de retiro de los trabajadores en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Se trata de dos informes que evalúan situaciones de hace cinco años, por lo menos.
Lino Hernández, uno de los contralores colegiados, calificó de “raros” los proyectos de resolución que la Dirección Jurídica de la institución les propuso para fallar el jueves pasado, porque no mencionaban responsables.
Según el contralor, que se negó a revelar a los beneficiados, quien autorizaba los préstamos era el administrador de la Asamblea Nacional, Víctor Rocha.
“Se estaban haciendo préstamos de forma alegre, a lo interno de la Asamblea. Había cinco préstamos de 118 mil córdobas sobre los cuales no se nos presentaron ningún documento de soporte. Había también situaciones irregulares donde se hacían préstamos sin intervención de los miembros de la Comisión de Préstamos, porque había una comisión para hacerlos”, dijo Hernández.
Del orden aparentemente establecido se pasó entonces a una anarquía que el contralor resume así: 592 mil 192 córdobas usados para beneficiar con préstamos a personal que no tenía capacidad de pago, porque aún no habían terminado de pagar su deuda anterior.
También se dieron adelantos de salario, que se pagarían supuestamente con el aguinaldo, hasta por un monto de 159 mil córdobas.
Hubo 40 préstamos, entre otros, que sumaban 599 mil 584 córdobas y que, de acuerdo con lo firmado, se pagarían en ocho cuotas, pero aún había gente con más de doce cuotas y todavía no terminaban de pagar.
En cambio Guillermo Argüello Poessy, presidente de la CGR, agregó que había regresado este proyecto porque estaban interesados en conocer cuánta gente aún debía de lo prestado y así enviar la información a la Procuraduría General de la República para que recupere el dinero.
Hernández también se refirió a otra auditoría que buscaba conocer el fondo de retiro de los trabajadores del BCN. El administrador de esos fondos le habría argumentado que no podían levantar el sigilo bancario para conocer el estado de los fondos porque eran privados.
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