CORRESPONSAL/RIVAS
Una constancia emitida por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro, detallando que no encontró el acuerdo donde el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial habilitaba a José Adán Castillo Centeno para que asumiera el Juzgado Local Único de Potosí, Rivas, en el mes de diciembre del 2009, bastó para que diez personas acusadas de quemar un cañaveral recuperaran su libertad.
El hecho ocurrió luego que el pasado 29 de diciembre 33 manzanas de caña, propiedad del ingenio azucarero Casur, de Rivas, se quemaran y el 31 de diciembre la Policía de Rivas, con órdenes giradas por el juez Castillo, detuvo a diez ex cañeros integrantes de la cooperativa Renacer.
El juez Castillo dio apertura judicial a la denuncia interpuesta el 2 de enero por un abogado de la empresa azucarera rivense y realizó la audiencia preliminar, pero al día siguiente el judicial mandó a la Policía a llevar a los diez detenidos al juzgado de Potosí, para otra audiencia preliminar, esta vez para oír la misma acusación presentada por el Ministerio Público.
LOS MANTUVO EN PRISIÓN
En ambas audiencias preliminares Castillo decidió mantener la prisión preventiva a los diez detenidos.
Según la acusación, la empresa Casur tuvo una pérdida de más de dos millones 700 mil córdobas, pero los acusados ya no irán a juicio y fueron dejados en libertad.
En el Juzgado Único Local de Potosí no ha entrado ninguna apelación o nueva demanda judicial, manifestó la Juez de Potosí, María Alicia Hernández.
Tras la libertad de los reos, el juez Castillo dijo que en ningún momento usurpó funciones y dijo tener constancia de que a él lo nombraron para el cargo.
Por su parte, la juez Hernández dijo que otra de las razones por las que se anuló el proceso contra los 10 cañeros es porque contenía una serie de errores, como el hecho de haber girado las órdenes de captura de los acusados sin que hubiera una acusación contra ellos, entre otras inconsistencias encontradas en el expediente.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 B
