El Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, intentó meterse al tema de la compañía telefónica Yota de Nicaragua S.A., beneficiada con un contrato de arrendamiento en el Estado, pero su incursión fue accidentada.
Después de ofrecer declaraciones al Canal 100% Noticias, defendiendo el contrato cuya letra menuda aún se desconoce, alegó que estaba en una reunión para no hablar con el Diario LA PRENSA; luego cortó la comunicación.
Rappaccioli le contó a 100% Noticias que los reportajes publicados por LA PRENSA “son para molestar”, mientras contó que Mansell le restó también importancia a la denuncia periodística.
Rappaccioli es el segundo funcionario de alto nivel del Gobierno, después del director de Telcor, Orlando Castillo, que se pronuncia sobre el tema después de investigaciones periodísticas que demostraron que la compañía Yota se montó sobre instalaciones estatales.
Sin embargo, tanto Rappaccioli como Castillo han hablado, pero sin decir mucho, mientras quien debería hablar, el presidente de Enatrel, Salvador Mansell, ni siquiera ha hablado.
CÓMO FUNCIONA
Yota aprovecha las torres de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Entresa), que, además de manejar el tendido eléctrico del país, posee una red de fibra óptica muy útil en el negocio de internet.
Yota de Nicaragua S.A. cuenta entre sus socios con un amigo personal de la familia presidencial (José Mojica Mejía) y otro del asesor económico del mandatario Ortega, Bayardo Arce Castaño (José María Enríquez Moncada).
El negocio promete ser jugoso. Sólo en su primer año de operaciones Yota de Nicaragua podría ganar 100 millones de dólares, de acuerdo a fuentes del sector de telecomunicaciones en el país.
El presidente del ente regulador de las telecomunicaciones, Orlando Castillo, aseguró el jueves pasado que no sabía nada sobre el contrato de arriendo y dijo que tampoco cuando se le hizo ver el apadrinamiento que la Administración Ortega prodigó a la telefónica desde que le cedió la licencia para operar telefonía básica e internet el primero de octubre pasado.
Rappaccioli no fue tan sutil como Castillo cuando se le llamó nuevamente.
Al cierre de nuestra edición, Rappaccioli respondió el teléfono celular, pero lo que vino fue una conversación accidentada. Alzó la voz para imponerse y luego colgó sin miramientos.
ASÍ FUE EL DIÁLOGO
—¿Qué pasó, Octavio? —Inició con desgano cuando se le explicó que el tema era Yota.
—No, no, no, llame por favor a Salvador Mansell (presidente de Enatrel), que es el que conoce eso con detalles, es una situación propia de la empresa Enatrel. ¡Hay que respetar la empresa! —dijo.
Usted ofreció unas declaraciones a un canal de televisión nacional donde defendió la contratación de esta empresa… —se le recordó.
—Bajo ningún punto de vista he hablado de eso. Lo único que dije es que esas son operaciones de Enatrel, igual que las que hace Enitel (ahora Claro), y las otras empresas de comunicaciones en el país, o que usan las comunicaciones en el país, etcétera, etcétera…
¿Usted está admitiendo entonces que están usando la fibra óptica de Enatrel o que la van usar?
—No hay nada anómalo, nada anormal, son operaciones. Son actividades normales.
¿No importa que la empresa esté relacionada con personajes afines al orteguismo?
Entonces colgó.
ENATREL SE CALLA
Salvador Mansell Castrillo, presidente ejecutivo de Enatrel, en cambio nunca respondió su teléfono y ayer continuó sin ofrecer una explicación sobre el contrato de arriendo con Yota.
El tema parece que motivó un intercambio de opiniones entre ambos funcionarios, quienes tuvieron una reunión el jueves pasado.
LA PRENSA pide contrato
Sin embargo, la voluntad de informar al público sobre este tema de parte de Enatrel está a prueba. LA PRENSA solicitó una copia del contrato de arrendamiento. La petición se hizo valiéndonos de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La solicitud fue recibida en la Dirección de Relaciones Públicas de la institución. De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública, la Presidencia Ejecutiva de Enatrel tiene 15 días para responder a la solicitud, prorrogables una quincena más si la institución así lo considera. De no hacerlo, legalmente se tomará como una evasiva a la solicitud.
El acuerdo entre Yota y Enatrel, admitido por la empresa rusa-nicaragüense, se hizo a espaldas de la Contraloría General de la República (CGR).
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