CORRESPONSAL / COSTA RICA
El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública cancelará los permisos de portación de armas a 12 nicaragüenses que tienen causas pendientes con la justicia en el país, informó la ministra de esta cartera, Janina Del Vecchio.
Además de los nicaragüenses, el ministerio cancelará permisos a ocho colombianos, dos cubanos, un italiano, un chileno, un chino, un suizo y un dominicano; para un total de 26 extranjeros que portan armas pero tienen antecedentes como violación, estafa, robos, uso de documentos falsos, tráfico de drogas, tenencia de armas prohibidas, robo agravado e intento de homicidio.
Esta medida la anunció ayer tarde la ministra, en medio de la polémica que vive el país por la inseguridad ciudadana que una parte de la sociedad costarricense achaca al ingreso de extranjeros indeseables.
El detonante fue un tiroteo entre jamaiquinos y oficiales del Organismo de Investigación Judicial, que dejó el saldo de un agente muerto, el mes anterior. Las autoridades decomisaron a un jamaiquino un fusil AK-47, cuyo uso está prohibido en el país.
Para cancelar los permisos de portación de estos 26 extranjeros, el Ministerio revisó 2,074 casos de extranjeros que tienen armas legalmente.
El debate sobre la seguridad en un país donde parte de su seguridad está en manos de extranjeros, involucra a miles de nicaragüenses que trabajan como guardas de seguridad privada en negocios o condominios.
Según cifras oficiales, de un total de 2,058 permisos de portación de armas que están en poder de extranjeros, al mes anterior; 1,036 son nicaragüenses, muchos de ellos que trabajan como guardas de seguridad.
No obstante, el porcentaje de nicas que trabaja en este oficio no está registrado en el Ministerio de Seguridad, aunque se sabe que existe un alto porcentaje. Actualmente hay 287 empresas de seguridad privada registradas ante este ministerio, hay 521 cuyas inscripciones están desactualizadas y 476 más en otro estado como licencias vencidas.
Además de la cancelación de estos permisos, Del Vecchio anunció nuevos requisitos que endurecen más la portación de armas por la vía legal.
Entre las nuevas disposiciones, que involucra a nacionales y extranjeros, es la revisión minuciosa sobre antecedentes penales que deben hacer las autoridades antes de renovar, inscribir o matricular armas. La revisión aplica para empresas, sobre todo si están al día ante las entidades de seguro y tributación.
En el caso específico de los extranjeros, los antecedentes judiciales deberán ser aportados por las autoridades competentes de su país de origen, o donde el interesado haya residido en los últimos dos años.
El interesado extranjero, que obligatoriamente debe tener residencia legal, también debe aportar una declaración jurada indicando dónde ha residido los últimos diez años y si tiene cuentas pendientes con la justicia en esos países.
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