Una nueva bofetada recibieron los ex trabajadores de la Dirección General de Ingresos (DGI), pero esta vez por parte de la Fiscalía General de la República.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó que el Ministerio Público desestimó una acusación contra el titular y directores de la DGI por los supuestos delitos de represalias, discriminación y violación a los derechos constitucionales que había interpuesto un grupo de ex empleados.
Este organismo defensor de los derechos humanos manifestó, previo análisis, que la resolución de la Fiscalía está llena de inconsistencias y violaciones a los diferentes principios establecidos en el Código Procesal Penal.
- Datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reflejan que casi 12 mil personas perdieron sus puestos de trabajo con la llegada de Daniel Ortega a la Presidencia.
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Por ejemplo, muestra una clara retardación de justicia desde que la acusación se hizo oficial el primero de septiembre y hubo un fallo 90 días después, cuando la Ley dice que debe suceder hasta un máximo de 20 días.
Agrega que también se violentó el principio de legalidad, respeto a la dignidad humana y el principio de proporcionalidad.
FISCALÍA “PINTADA”
“Nosotros sentimos que el Ministerio Público no está actuando de acuerdo a derecho, no está a la par de la víctima como establece su misma ley y misión,
nosotros queremos denunciar una vez más que este Ministerio Público prácticamente se encuentra pintado, no actúa conforme a derecho, actúa cuando hay intereses políticos de por medio”, indicó el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.
Aunque con este fallo fueron afectados casi 20 ex trabajadores de la DGI, se estima que al menos 400 han sido despedidos desde que Daniel Ortega asumió la Presidencia de la República.
A estos trabajadores se les despidió de forma injustificada y hasta ilegal, porque muchos de ellos estaban protegidos por el fuero sindical.
JUEGAN CON EL HAMBRE
“Están jugando con nosotros, porque a algunos nos dicen que ya nos tienen nuestra liquidación, pero cuando llegamos a la institución nos dicen que no tienen nuestro pago, queremos nuestras indemnizaciones”, dijo el ex trabajador de la DGI, Carlos Brenes.
Uno de los argumentos de la Fiscalía de la República, para desestimar la denuncia, es que estos ex trabajadores ya mantenían una demanda por la vía laboral. No obstante, Álvaro Leiva, coordinador de Derechos Humanos de la CPDH-Región Sur, son nada más que argucias legales.
Los afectados van a apelar dicho fallo y de no encontrar respuesta denunciarán su caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
También se conoce que al menos 49 sindicatos independientes desaparecieron, porque literalmente fueron descabezados.
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