Eduardo Cruz
Autoridades de Costa Rica y Nicaragua realizaron un taller binacional para determinar políticas que ambos países implementarán en la lucha contra los comerciantes depredadores de fauna silvestre.
Durante el taller se destacó la experiencia de Nicaragua al judicializar casos de maltrato y daño físico a los animales.
La procuradora ambiental nicaragüense Carmen Soledad Rodríguez explicó los logros obtenidos por Nicaragua en cuanto a dos proceso penales en contra de traficantes de animales en vías de extinción, “en los cuales se ha participado y obtenido como resultado dos condenas de culpabilidad a los responsables de aprovechamiento de recursos naturales y maltrato y daño físico a animales”, dijo.
Las autoridades costarricenses y nicaragüenses pretenden mejorar la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre(CITES) y en el taller unificaron criterios entre ambos países para mejorar el control en relación a dicho convenio.
Por ejemplo los funcionarios de cada país lograron conocer los documentos que deben acompañar la mercancía a exportar e importar, las especies que se encuentran en cada apéndice de la convención, así como aspectos prácticos derivados de la experiencia de cada país en cuanto a la implementación del convenio CITES.
A cada país le correspondió presentar la legislación nacional aplicable a CITES, los trabajos que han realizado para mejorar la aplicación de dicho convenio y cumplir con el compromiso como país parte de dicha convención.
“Esta es una excelente oportunidad para establecer mejores coordinaciones entre ambos países en la aplicación del convenio, que sirvan para frenar cualquier comercio de especies de flora y fauna en la frontera sur”, expresó la procuradora nicaragüense Rodríguez, quien adelantó que para el próximo año se trabajará en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) de Nicaragua y otras instituciones involucradas en la elaboración de un plan para golpear de forma más severa a los traficantes de especies de fauna silvestre.
