CORRESPONSAL/MASAYA
La doctora Amelia Useda, titular del Juzgado Segundo Local Penal de Masaya, declaró culpable a César Enrique Chávez, por el homicidio imprudente de la ex delegada del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) en Nindirí, Miriam Marina Rivera Ruiz.
También resultó culpable por lesiones leves a Hyling Concepción Álvarez, Margarita Ruiz Zúñiga y Jackson Zelaya Matus.
El juicio oral y público se pospuso tres veces, la última, según consideraciones del abogado Francisco Reyes, fue su culpa porque sufrió un inconveniente que le impidió llevar al acusado, pero los familiares de las víctimas afirmaron que éste se había fugado y que fue bajado de un bus que iba en dirección hacia Costa Rica. La juez le había dado arresto domiciliar.
ACEPTA CULPA
César Enrique Chávez, de 21 años, aceptó ser responsable de los hechos ocurridos el 28 de agosto, cuando conducía la rastra, placas CH 10879, cargada de azúcar, en el kilómetro 36 y medio de la Carretera Masaya-Catarina, donde resultó fallecida la joven Rivera Ruiz, mientras tres de sus compañeros sufrieron lesiones.
“Yo traté de no hacerle daño a nadie, se me fueron los frenos y no quise hacerlo”, dijo el acusado, tras admitir su culpabilidad, lo que permitió que el juicio se hiciera de manera rápida. En el debate de la pena el abogado acusador pidió la máxima de siete años para el acusado, cuatro años por el homicidio y uno por cada uno de los tres lesionados.
Mientras el representante del Ministerio Público, Erick Saldaña, pidió la pena de 4 años y siete meses y el abogado del acusado solicitó la pena mínima, considerando como atenuante, el hecho de que su defendido se declaró culpable.
LA SENTENCIA
Sin embargo, corresponderá a la juez Useda emitir sentencia, que será dictada el 9 de noviembre a las 11:00 a.m.
La juez Useda dijo que luego de establecer la pena va a determinar el destino de las piezas de convicción, que fue propuesta como medio de prueba, como es el vehículo que se vio involucrado en este accidente de tránsito, que actualmente se encuentra embargado por los abogados que representan a las víctimas, para que sirva como garantía para resarcir los daños y perjuicios.
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