¿De Qué conversan? El liberal Wilfredo Navarro y el sandinista Edwin Castro se apartaron para platicar ayer en la Asamblea Nacional.
LA PRENSA/M. ESQUIVEL
Con exactitud pasaron 359 días para que los diputados lograran tramitar una ley para anular las elecciones municipales de 2008, bajo el alegato de fraude.
Los opositores enviaron el proyecto a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea, donde hay una “mayoría de demócratas”, precisó Adolfo Martínez, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
Tras un año de denuncias y esfuerzos, y ahora batallando contra la irregular posibilidad de que seis magistrados sandinistas del Poder Judicial le dieron a Daniel Ortega para que aspire a su reelección, los opositores consiguieron que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no bloqueara el trámite a la iniciativa de ley.
Pero el secretario ejecutivo de la bancada del FSLN, José Figueroa, explicó que para el oficialismo la iniciativa no tiene ninguna legalidad y añadió que en caso de que se aprobara, los poderes Electoral y Judicial no estarían obligados a acatar un “proyecto político”.
“Ésa es una iniciativa que no tiene ningún resquicio legal ni carácter vinculante para las autoridades, por lo tanto es eminentemente política”, señaló Figueroa.
La otra alternativa, si es que se aprueba el proyecto, es que los afectados recurran por inconstitucionalidad o los magistrados electorales introduzcan un recurso de conflicto entre poderes del Estado.
En ambos casos, sería la Corte Suprema de Justicia, dominada por el FSLN, la que resolvería la polémica, explicaron varios diputados, como José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
“Ésta es una larga lucha, no es algo fácil (…) es contra una adversario capaz de todo, que no tiene moral, que usa cualquier mecanismo para burlar y pervertir las leyes y la Constitución”, dijo Pallais.
El legislador liberal adelantó que para las consultas citarán a los representantes de los partidos políticos, organismos de observación y hasta los magistrados electorales.
“Es una oportunidad para que (los magistrados electorales) expliquen lo que nunca han querido explicar y que se pronuncien de cara a la población, los medios y los diputados y que den las respuestas que todos quisiéramos escuchar”, afirmó Pallais.
Tanto Pallais como Martínez Cole coincidieron en que el objetivo es pasar la ley a discusión antes del 15 de diciembre, cuando el parlamento termina sus sesiones ordinarias.
Ambos diputados aceptaron que la meta es difícil, tanto por la carga laboral como por las posibles trabas que aparezcan en el camino.
LA OTRA ANULACIÓN
Por otro lado, el representante de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Ruiz, reiteró ayer que será muy difícil que dé su voto en la junta directiva para anular la posibilidad de que el presidente Daniel Ortega vuelva a ser candidato en 2011, como lo decidieron seis magistrados judiciales sandinistas.
Ruiz sostuvo que ese paso sería ilegal y demandó a los magistrados liberales dar la batalla desde el Poder Judicial.
“Aquí hay burro amarrado con tigre suelto, no están cumpliendo (los magistrados liberales) y aquí estamos lavándoles la cara (…) tengo que ir con pie de plomo”, señaló Ruiz.
El diputado Agustín Jarquín, aliado al FSLN, también dijo que no respaldará ninguna iniciativa para revocar la “sentencia” de los seis magistrados sandinistas del Poder Judicial.
Jarquín explicó que sólo respaldaría una declaratoria legislativa contra “la sentencia errónea”.
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