TEGUCIGALPA/ACAN-EFE
Apenas dos días después de haber dado su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis de Honduras propiciada por el golpe de Estado, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, y el Gobierno interino dirigido por Roberto Micheletti comenzaron a discrepar sobre los términos y los plazos del pacto.
El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que había bloqueado durante casi una semana las negociaciones hasta que la semana pasada una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que es el Congreso el que deberá resolver sobre si Zelaya regresa o no al poder.
El presidente depuesto aseguró ayer que no acepta que se ponga en duda su presidencia, ya que fue electo por el pueblo, y que si el Legislativo vota en contra de su restauración no se ha hecho «absolutamente nada más que burlar a la comunidad internacional y burlar al pueblo hondureño con este acuerdo».
Sin embargo, el Gobierno interino, en un documento sobre el tratado distribuido entre la prensa, afirma que «la restitución del señor Zelaya no es automática» puesto que «se requiere un voto favorable del Congreso» y que el pacto «no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso».
El representante del gobernante depuesto en la Comisión de Verificación del convenio que debe entrar en funciones mañana, Jorge Reina, indicó hoy que de no ser aprobada la restitución por el Congreso quedaría roto el acuerdo.
Esta postura ya había sido insinuada ayer por el propio Zelaya en una alocución radiofónica desde la embajada de Brasil en la capital hondureña, donde está refugiado desde su regreso subrepticio al país, el pasado 21 de septiembre.
«Por supuesto que se habría roto y el Congreso daría un paso muy peligroso para el pueblo hondureño», afirmó Reina, embajador del Gobierno de Zelaya ante la ONU.
Además, el diplomático insistió en que, como había reclamado Zelaya, «se supone que el jueves debe estar todo definido», ya que en esa fecha debe estar conformado un «Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional», según el acuerdo, que no obstante no señala quién debe presidirlo.
Sobre este aspecto, el documento distribuido por el Gobierno interino afirma que «respecto a la intervención del Congreso Nacional en el tema de la restitución del señor Zelaya, (…) sólo contempla la fecha de hoy (por el viernes, día de la firma del tratado) para introducir la solicitud» ante el Legislativo.
En respuesta a la postura del presidente depuesto, la vicecanciller del Gobierno interino, Martha Alvarado, lo acusó de querer «desestabilizar» las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre y de estar «poniendo en precario el acuerdo».
«Esta mala interpretación que se ha dado a las fechas es una táctica muy conocida con el fin de desestabilizar el proceso electoral», dijo Alvarado a Acan-Efe.
El enviado a Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, reiteró ayer en entrevista con Acan-Efe antes de partir hacia Washington que «el Congreso hondureño es soberano para tomar una determinación», si bien agregó que los diputados «saben muy bien lo que piensa la comunidad internacional».
«Desde el punto de vista de gran parte de la comunidad internacional, el final de la crisis será cuando se restituya al presidente Zelaya», sostuvo el secretario de Asuntos Políticos de la organización interregional.
EJÉRCITO ACATARÁ DECISIÓN
El Ejército, que expulsó del país a Zelaya el pasado 28 de junio tras su intento de realizar una consulta para convocar una Asamblea Constituyente considerada ilegal por varios poderes del Estado, ha manifestado su acatamiento a cualquier decisión que asuman las autoridades civiles.
«Nosotros no opinamos sobre ese tipo de situaciones. Nosotros sólo acatamos las disposiciones», subrayó a Acan-Efe el portavoz de las Fuerzas Armadas, el coronel Ramiro Archaga.
Entretanto, ya quedó establecido quiénes conformarán la Comisión de Verificación que debe entrar en funciones mañana.
Además de Reina por parte de Zelaya, el empresario y político Arturo Corrales será en representante del Gobierno de facto, y la OEA anunció el envío del ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís.
