Ernesto Porta, presidente de Caconic. (LA PRENSA/Archivo/Carlos Cortéz.)

Caconic rechaza proyecto de concertación tributaria

Llama a Ortega a cumplir acuerdo que firmó en 2006 La Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), una de las más influyentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), rechazó ayer el proyecto de Ley de Concertación Tributaria que impulsa el Gobierno, al considerarlo “recesivo y perjudicial para las empresas, los trabajadores y los […]

  • Llama a Ortega a cumplir acuerdo que firmó en 2006

La Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), una de las más influyentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), rechazó ayer el proyecto de Ley de Concertación Tributaria que impulsa el Gobierno, al considerarlo “recesivo y perjudicial para las empresas, los trabajadores y los consumidores”, que tendrán que soportar un incremento de los impuestos hasta por el orden de los 87.5 millones de dólares durante los próximos dos años.

En ese sentido, el gremio solicitó a los diputados de la Asamblea Nacional “que rechacen” el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de octubre; mientras que instó al Presidente de la República, Daniel Ortega, a cumplir el compromiso que suscribió con la cámara al firmar El Decálogo, el primero de noviembre de 2006 cuando aún era candidato presidencial, de reducir la carga tributaria.

En ese entonces Ortega se comprometió a “desarrollar políticas y mecanismos administrativos de equidad fiscal que permitan la ampliación de la base tributaria y la reducción de cargas impositivas al sector empresarial”, recordó Caconic en un comunicado.

“Es una propuesta (el proyecto de Ley de Concertación Tributaria) para hacer una transformación profunda del sistema tributario nicaragüense y, como tal, antes de aprobarse e implementarse, debe de ser sometido a un dilatado y profundo análisis con los comerciantes y los demás sectores del país”, declaró Ernesto Porta, presidente de Caconic, al ser consultado por LA PRENSA.

El proyecto de Ley de Concertación Tributaria, que consta de 319 artículos, vendría a sustituir a la Ley de Equidad Fiscal aprobada en el año 2003 durante la Administración del Presidente de la República, Enrique Bolaños.

Con la nueva legislación tributaria, el Gobierno tiene como meta aumentar la recaudación de impuestos en 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de forma progresiva entre 2010 y 2011. El próximo año proyecta recaudar el equivalente al uno por ciento del PIB, es decir cerca de 1,200 millones de córdobas, o alrededor de 58.5 millones de dólares.

En el 2011 prevé completar la meta, incrementando la recaudación en un 0.5 por ciento del PIB, lo que representaría 600 millones de córdobas, o sea más de 29 millones de dólares.

EFECTOS MÚLTIPLES

Caconic advirtió que la nueva legislación tributaria tendrá efectos inmediatos en la economía, que “en la actualidad atraviesa por la peor crisis de los últimos cinco años”.

Entre las “consecuencias inmediatas”, Caconic menciona “el aumento del desempleo, la reducción de la base de contribuyentes, se ahuyentaría la inversión nacional y extranjera, y se perdería la competitividad de las empresas nicaragüenses.

“Sumado todo esto, estaríamos desacelerando la recuperación económica y reduciendo aún más las recaudaciones fiscales y retrocediendo en la lucha por la reducción de la pobreza”, destacó Porta.

El 24 de septiembre pasado el Gobierno dio por terminado el proceso de “concertación tributaria” con el Cosep, luego de sostener una serie de encuentros a lo largo de un mes, pero sin llegar a ningún consenso.

En esa ocasión el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, indicó que la mayor cúpula empresarial del país estaba dispuesta a poyar una reforma tributaria que genere anualmente alrededor de 50 millones de dólares en ingresos tributarios, con el fin de mantener a Nicaragua dentro del programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y garantizar la estabilidad macroeconómica.

Porta ejemplificó que una de las mayores preocupaciones del sector es la creación del nuevo impuesto del 2.5 por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas, independientemente de que se tengan o no ganancias, o por el contrario pérdidas.

También el establecimiento de una tasa de retención del uno por ciento a cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR) para cada transacción que se realice con tarjeta de crédito.

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