- Ocupa el primer lugar en Centroamérica, y Honduras lo sigue de cerca
Transparencia Internacional confirma que Nicaragua sigue ocupando el deshonroso primer lugar de país más corrupto de Centroamérica. El informe, que este año se enfoca en el sector privado, revela que la triangulación de capital entre gobierno-partido-empresa privada, una práctica impuesta durante la dictadura somocista, sigue siendo el modelo a seguir por el gobierno de turno.
Según César Martínez, coordinador de proyectos de Transparencia del Grupo Cívico Ética y Transparencia, señala que casos emblemáticos como el préstamo puente del INSS a Tecnosa, la creación y entrada en el mercado de las medicinas de FARCO, la compra de Laboratorios Ramos, la posible reforma a la Ley de Contrataciones del Estado y el nulo cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, son una clara muestra de lo que se conoce como “traspaso del sector público al privado o puertas giratorias”, que no es más que la influencia de funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega en beneficio de empresas ligadas a funcionarios y militantes del partido de gobierno.
“Es el claro conflicto de interés y tráfico de influencias y otros delitos más que podrían investigarse”, dijo Martínez.
El informe reconoce que esta práctica no es nueva ni exclusiva de Nicaragua y advierte que sólo en los países en vías de desarrollo las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos hasta por 40 mil millones de dólares por año. Martínez añade que esta actividad pone en riesgo la competencia leal, la eficiencia, la transparencia, el crecimiento económico y no permiten generar un clima de confianza para la inversión.
Martínez considera que el 2.5 de Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que posee Nicaragua se podría superar si el Gobierno decide hacer público el manejo real de la cooperación venezolana y de los fondos Alba, si se establece una independencia y equilibrio entre los poderes de Estado, ya que en ausencia de un entorno institucional propicio, todos son menos transparentes y probos de los deseados.
También recomienda que la Contraloría General de la República inicie los procesos de investigación de múltiples denuncias que han recibido, refuerce los marcos legales anticorrupción y que se amplíe el período de consultas del anteproyecto de Ley de Contrataciones del Sector Público, que según análisis que han realizado, no se ajusta a los contenidos de la convención y tratados internacionales.
