Directivos de la cooperativa Cosermusalnip se presentaron a LA PRENSA a desmentir los señalamientos en su contra de tener un supuesto monopolio del negocio de la sal. (LA PRENSA/)

Cooperativa niega monopolio de la sal

Cooperados se asociaron con Agricorp para poder cumplir con la ley [doap_box title=»Tuvieron dos años para prepararse» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] En septiembre del 2007 la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Fortificación de la Sal con Yodo y Flúor, la cual fue publicada en noviembre de ese mismo año en la Gaceta. Diferentes representantes del […]

  • Cooperados se asociaron con Agricorp para poder cumplir con la ley
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En septiembre del 2007 la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Fortificación de la Sal con Yodo y Flúor, la cual fue publicada en noviembre de ese mismo año en la Gaceta.

Diferentes representantes del sector salinero se opusieron a la ley argumentando que no tenían suficientes recursos para reconvertirse tal y como lo establecía el entonces proyecto de ley.

Sin embargo, la Asamblea Nacional la aprobó, y una parte de los productores de sal pidió al Gobierno que la aplicara hasta este año, para dar tiempo de que los salineros se prepararan.

Este año el Ministerio de Salud empezó a aplicar la ley, lo cual provocó el malestar de una parte de los salineros artesanales, aunque tuvieron tiempo para prepararse.

La ley establece nuevos estándares de calidad y sanidad para la sal de consumo humano. Todo ello implica que debe ser sometida a procedimientos técnicos que implican inversión.

La sal debe contener yodo y flúor, tiene que empacarse, etiquetarse, contar con un registro sanitario, entre otras medidas.

Sin embargo, la ley, como otras tantas, define exoneración de impuestos fiscales y aduaneros, para esta industria.

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Productores de sal aglutinados en la Cooperativa Cosermusalnip, de Chinandega, demandaron al Ministerio de Salud (Mined) que aplique la Ley para la Fortificación de la Sal con Yodo y Flúor, y rechazaron los señalamientos de salineros artesanales del sector de El Tamarindo, León, que los acusan de querer establecer un monopolio de la sal.

“Los verdaderos salineros somos 75 productores, es cierto que hay 24 productores independientes, pero no son los ciento y pico, ni tampoco son 10 mil habitantes que están perdiendo el empleo”, expresó Róger López Morán, presidente de la cooperativa Cosermusalnip, quien junto con otros tres productores se presentaron a LA PRENSA a exponer su punto de vista del conflicto.

Según afirma, es imposible que 10 mil personas vayan a perder sus empleos, ya que el poblado El Tamarindo, que es donde están los productores, apenas tiene una población de 1,400 habitantes, sostiene López Morán, quien agrega que en esa población hay unas 50 mujeres trabajando en la industria de sal, quienes no perderán sus empleos si se aplica la mencionada ley, ya que pasarían a trabajar a la planta que tiene la cooperativa en sociedad con Agricorp.

SOCIEDAD CON AGRICORP

Eddy Silva, secretario de la cooperativa, aseguró que ellos como cooperativa tienen una sociedad con la empresa Agricorp, en la que ellos tienen el 50 por ciento y la empresa el otro 50 por ciento.

Según explica, en un inicio la cooperativa buscó financiamiento en diversas instituciones y no lograron nada; “ellos fueron a golpear las puertas de las diferentes instituciones financieras y no encontraron eco, fueron al Fondo de Crédito Rural (FCR), a la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), la Caja Rural, al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), fueron a la banca privada y no hallaron, ellos invitaron a Agricorp a hacerse socios de esta planta y ellos han venido acompañándolos en este esfuerzo como un aliado desde el 2003”.

Según afirma Silva, esta relación les ha permitido generar mayores ingresos, ya que Agricorp les apoya en la comercialización del producto.

Explicó que la construcción de la planta fue posible gracias a un financiamiento de 400 mil dólares que lograron a través del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cual incluía financiamiento para el mejoramiento de las fincas salineras.

Sostiene que el conflicto se originó debido a que una parte de los productores artesanales no se quiso organizar. “Unos porque no quisieron, otros porque ahora aducen que no tienen dinero”, dijo Silva.

El presidente de la cooperativa salinera sostiene que actualmente hay tres plantas procesadoras de sal en el país, las cuales producen alrededor de 1.5 millones de quintales de sal al año. El sector de artesanos, que está fuera de la cooperativa, afirma producir 315 mil quintales al año, lo que suma una producción nacional total de más de 1.8 millones de quintales al año, que abastecen una demanda similar a ese monto.

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