- Oposición argentina cuestiona legalidad de sesión
La Cámara de Diputados de Argentina se encontraba sumergida anoche en un polémico y prolongado debate sobre el proyecto oficial de ley de servicios audiovisuales, que promueve cambios profundos en el sector de los medios de comunicación del país.
El debate inició a las 11:30 hora local en medio de duras críticas de la oposición a la forma “apresurada y grosera” con la que, a su criterio, el oficialismo logró el martes el dictamen positivo en comisiones para habilitar la discusión del proyecto en el pleno.
La diputada Patricia Bullrich, de la opositora Coalición Cívica (CC), acusó al Gobierno de querer “terminar con una ley de la dictadura con una metodología dictatorial” al imponer un proyecto con modificaciones respecto al original enviado por el Ejecutivo, lo que dejó sin tiempo a los diputados para analizar los 166 artículos de la iniciativa.
Como Bullrich, otros legisladores opositores cuestionaron la “legitimidad” de la sesión.
Tanto la CC, la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO, centroderecha) y los miembros disidentes del gobernante Partido Justicialista (PJ) adelantaron que se retirarán del recinto a la hora de la votación, pero el oficialismo calculaba que contaría con los votos necesarios para aprobar la iniciativa con el apoyo de aliados de izquierda.
El apoyo a la iniciativa, que de ser aprobada por la Cámara de Diputados deberá ser debatida en el Senado, aumentó después de que la presidenta Cristina Fernández anunciara la eliminación del permiso para que las empresas telefónicas entren al sistema de medios audiovisuales por medio del servicio adicional de televisión por suscripción.
El Gobierno también aceptó modificaciones sobre la “autoridad de aplicación”, encargada de supervisar el funcionamiento del sector, la cual será una entidad “autárquica” dependiente del Ejecutivo, según el proyecto.
Asimismo, accedió a ampliar el número de directores de la “autoridad de aplicación” para otorgarle más representación al sector parlamentario, aunque la oposición carga las tintas en que el Ejecutivo mantendrá un mayor peso en el organismo.
La nueva ley creará un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.
El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que ha causado el rechazo de empresas del sector.
